Tarek William Saab rechaza informe de la ONU y defiende la soberanía venezolana
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente el reciente informe oral presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Saab considera que este informe representa una nueva agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano.
En su mensaje, el Fiscal General destaca que el documento refleja una visión profundamente parcializada, ignorando deliberadamente los avances institucionales en la defensa de los derechos fundamentales y en la acción penal contra individuos que han cometido delitos graves que atentan contra la paz del país. Según Saab, “la Oficina del Alto Comisionado se ha convertido en el bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros”, quienes intentaron desestabilizar a Venezuela a través de planes violentos.
Además, denuncia que varios individuos convictos son presentados como víctimas, distorsionando la realidad jurídica del país. “Todos están legalmente privados de libertad, con respeto al debido proceso, por delitos como conspiración y terrorismo”, afirma Saab. Calificar estas detenciones como arbitrarias evidencia, según él, la complicidad del Alto Comisionado con aquellos que han amenazado la estabilidad nacional.
El Fiscal General también criticó el silencio del Alto Comisionado frente al secuestro e incomunicación de 252 venezolanos en El Salvador, quienes no han recibido garantías mínimas ni derecho al debido proceso. En este contexto, Saab exhorta a la Asamblea Nacional a abrir un debate público sobre la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Asegura que dicho foro ha sido desnaturalizado y utilizado como un instrumento de persecución política, violando abiertamente el principio de autodeterminación de los pueblos.
Este pronunciamiento subraya la postura firme del gobierno venezolano ante lo que considera ataques externos a su soberanía y sistema judicial.
