Aplican trabajo comunitario a quienes alteran el orden público
“¡Señor, por favooor baje la música!”, le ruega una señora a su vecino, quien prendió el equipo de sonido a todo volumen sin ningún remordimiento, mientras hace caso omiso a la petición de su vecina y para colmo le sube más el volumen.
“¡Señor, por favooor baje la música!”, le ruega una señora a su vecino, quien prendió el equipo de sonido a todo volumen sin ningún remordimiento, mientras hace caso omiso a la petición de su vecina y para colmo le sube más el volumen.
En estos casos, la persona afectada se convierte en víctima al creer que no tiene derecho a reclamo. Entonces, llega un momento cuando ya no aguanta más, pierde la cordura y ejerce la justicia por sus propias manos. De allí, vienen los insultos, el irrespeto, las amenazas, los golpes, cuchillazos, palazos hasta llegar a la peor circunstancia.
Este conflicto vecinal y otros más, en los cuales nos podríamos ver reflejados o involucrados muchos venezolanos que habitamos en barrios y parroquias, han sido descritos en el Código Penal Venezolano vigente como delitos menores y faltas, y se establecieron sus sanciones respectivas.
Estos casos antes se solucionaban en las prefecturas o través de la aplicación de ordenanzas municipales pero a veces no daban resultados satisfactorios. Para evitar que se repitan y queden impunes, la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, creó la primera Fiscalía Municipal en el año 2008 en el municipio Libertador, basándose en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Estas instancias tienen como fin ejercer la acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de tres años en su límite máximo, cometidos en el municipio dentro del cual puedan ejercer sus atribuciones”, explicó el fiscal cuarto del Área Metropolitana de Caracas, Mauro Granadillo.
Los delitos y faltas están tipificados en el Libro Tercero del Código Penal. Allí se establecen los casos que alteran el orden público, así como la desobediencia a la autoridad entre otros que van desde el artículo 483 hasta el 487.
También se penalizan las faltas inherentes a la no permisología de espectáculos, establecimientos y ejercicios públicos que van desde el artículo 496 al 500. Asimismo, se condena la mendicidad y aquellas personas que perturban la tranquilidad pública y privada, (según los artículo 506 al 508). Así como la caída y de la falta de reparación de los edificios, los objetos tirados de manera peligrosa.
Además, se mencionan las faltas referidas contra la moralidad pública, la embriaguez, los actos contrarios a la decencia pública, el mal tratamiento a los animales, las faltas contra la protección pública de la propiedad, la posesión injustificada de objetos y valores, la falta de precauciones en las operaciones de comercio o de prendas, la venta ilícita de llaves, y abertura ilícita de cerraduras, de la tenencia ilícita de pesas y medidas.
“La idea es abordar esos pequeños delitos que algunas veces al no atenderse a tiempo son generadores de violencia y causantes de delitos mayores en las comunidades”, recordó recientemente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Por ello, cuando las personas se sientan vulneradas en sus derechos humanos, por cualquier vecino o ciudadano pueden acudir a las fiscalías municipales para presentar la denuncia y solicitar asistencia.
El fiscal 4° municipal del Área Metropolitana de Caracas, Mauro Granadillo, al respecto indica: “luego de la denuncia se inicia la investigación y una vez evaluado el caso, se precalifica el delito y se le indica al denunciante si requiere testigos. Luego se ofician las experticias para esclarecer la situación. Si se excede de nuestra competencia se manda a la Fiscalía Superior que lo envía al fiscal competente”.
TRABAJO SOCIAL COMO SANCIÓN
El coordinador de gestión social del Ministerio Público, Luis Bastardo, recordó que el objetivo de las fiscalías municipales, “es crear conciencia en la ciudadanía en materia de política criminal y de prevención. Los fiscales en muchos casos solicitan primero la multa en atención al artículo 489 y en ningún caso solicitamos arresto. Cuando los condenados manifiestan que no pueden cancelar la obligación pecunaria le hacemos una conversión a trabajo comunitario”.
Dentro de los casos más emblemáticos podemos mencionar el de un joven petareño condenado a 240 horas de trabajo social en el Materno Infantil por haber perturbado al vecindario al encender una miniteca a todo volumen.
También resalta el caso de una señora que por desalojar arbitrariamente a su inquilina la sancionaron a cumplir 120 horas de servicio comunitario. Otro señor fue condenado a 120 horas por construir una pared ilegalmente. Ahora tiene que recuperar una cancha deportiva.
En el Área Metropolitana hay cuatro fiscalías municipales: en el edificio Catuche de Parque Central: en la Residencias Gabriela, frente al Inces, Parroquia Santa Rosalía; otra en el Centro Comercial Propatria, nivel 4, local C-3; y la otra en el edificio Emmsa, en La Urbina.
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Penados por hacer bulla
Art. 506. C.P. Todo el que con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos haya perturbado las reuniones públicas o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos y ciudadanas en su hogar, sitio de trabajo, vía pública, sitio de esparcimiento, recintos públicos, privados, aeronaves o cualquier medio de transporte público, privado o masivo, será penado con multas hasta de 100 unidades tributarias (100 U.T.), aumentándose hasta 200 unidades tributarias (200 U.T.) en el caso de reincidencia. “Si la persona no puede pagar la multa se le convierte en trabajo social”.
/N.A
