Presidente Petro denuncia uso de armas estadounidenses en la custodia del Palacio de Nariño
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su profunda indignación al descubrir que el Palacio de Nariño, sede del Gobierno nacional, había sido custodiado durante años con armamento perteneciente a Estados Unidos. En un gesto que calificó como “indigno”, Petro ordenó la devolución inmediata de las armas y la reasignación de la seguridad al batallón de guardia presidencial. “Nos desarmaron. El Palacio de Nariño quedó sin protección, un gesto de gratitud que también me dio mucha rabia porque yo no sabía. Me pareció indigno de nosotros”, declaró el mandatario, visiblemente sorprendido por lo que consideró una cesión inaceptable de soberanía nacional.
Más de 150 armas, incluyendo fusiles y un sistema antidrones, que resguardaban la sede presidencial eran propiedad del Gobierno estadounidense. “No sé quién tomó esa decisión, pero no fui yo. A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el palacio central del Gobierno colombiano con armas de un gobierno extranjero”, lamentó Petro.
El presidente relató que se enteró de la situación tras recibir una comunicación oficial de Washington exigiendo la devolución del armamento. “En su pelea conmigo y con Colombia, mandaron una carta diciendo: ‘devuélvannos nuestras armas’. Bueno, más o menos eso fue lo que nos quisieron decir”, explicó. Ante este escenario, Petro ordenó que la seguridad del Palacio de Nariño fuera asumida por el batallón de guardia presidencial, denunciando que la policía fue desarmada. “Hay que tener dignidad. No las necesitamos”, sentenció.
La exigencia de EE.UU. ha sido interpretada por Petro como una señal preocupante hacia su administración. “El mensaje es claro: ‘No nos importa si lo matan’. Ya veré cómo me defiendo. He logrado vivir 65 años bien vividos, bien intensos, chéveres”, afirmó con tono desafiante. La denuncia del presidente colombiano reafirma su compromiso con la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de tutela extranjera en asuntos de seguridad interna, marcando un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y planteando una pregunta fundamental: ¿quién debe custodiar la casa del pueblo colombiano?
