Petro denuncia impunidad judicial tras absolución penal a Álvaro Uribe
La decisión, que libera a Uribe por falta de pruebas, será llevada a Casación ante la Corte Suprema, prolongando la batalla legal
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente la impunidad tras el sobreseimiento judicial del expresidente Álvaro Uribe, argumentando que la decisión contradice fallos previos. Petro criticó que el Tribunal Superior de Bogotá haya calificado como «intimidad» una interceptación legalmente autorizada por la Corte Suprema, en la que, según él, aparece Uribe discutiendo sobornos con un delincuente.
El fallo judicial revoca la histórica condena a 12 años de prisión domiciliaria que pesaba sobre Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, lo que implica su liberación inmediata. Para el presidente Petro, esta absolución tiene como efecto secundario tapar los presuntos vínculos entre la clase política y el paramilitarismo en el país.
A través de sus redes sociales, el presidente Petro intensificó su crítica, señalando que la nueva decisión judicial sirve para encubrir «la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia». El mandatario sugirió que esto oculta los presuntos lazos entre políticos y el narcotráfico, los cuales habrían provocado el «genocidio en Colombia».
La reacción del presidente colombiano ocurrió luego de que la sala penal que absolvió a Uribe considerara que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena impuesta en primera instancia el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia.
En este orden de ideas, la sala penal estaba compuesta por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.
Recorrido judicial del caso Uribe
El caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe se originó en 2012, cuando este, en su calidad de senador, denunció a su colega Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para vincularlo con grupos paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia no solo archivó la denuncia de Uribe, sino que invirtió los papeles: encontró indicios de que el expresidente y su equipo habían montado un entramado para sobornar y presionar a testigos para que retractaran sus declaraciones o difamaran a Cepeda.
El testigo fundamental en la investigación fue Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que señaló a Uribe de promover el Bloque Metro de las AUC. Monsalve declaró más tarde haber sido presionado para modificar su versión, una manipulación que, según la justicia, fue orquestada por el exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue condenado a siete años de prisión el mes anterior por soborno y manipulación de testigos.
Aunque la condena inicial de agosto se consideró el cierre del proceso, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la apelación de la defensa de Uribe. Esta decisión judicial lo devuelve a la libertad y al centro de la actividad política nacional.
Pese a la absolución, Miguel Ángel del Río Malo, abogado que representa a las víctimas del conflicto en este proceso, fue contundente en la red social X: «Nos vemos en Casación. Esta batalla no ha terminado», lo que indica que la Fiscalía y las partes acusadoras llevarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que inició la investigación hace años, en una última instancia que promete prolongar esta batalla legal.
