Paraguay activará fondo de garantía tras caída del banco Ueno
La senadora Esperanza Martínez detalló las medidas legislativas para devolver los ahorros a tres millones de usuarios en medio del juicio político al presidente Santiago Peña.
En el marco de la severa crisis institucional y bancaria que atraviesa la nación sureña, la senadora Esperanza Martínez confirmó este 5 de noviembre que el fondo de garantía cubrirá el escándalo financiero del banco Ueno, mecanismo legal que permitirá devolver sus depósitos a cerca de tres millones de clientes afectados tras la intervención y disolución de la entidad bancaria.
Durante una entrevista concedida a la red RT, la parlamentaria explicó que los bancos aportan de forma permanente a una cuenta de contingencia para atender emergencias financieras. Bajo el esquema normativo vigente, a partir de los 15 días de iniciado el proceso de resolución, los pequeños ahorristas podrán retirar hasta el equivalente a 75 salarios mínimos (aproximadamente 495 dólares al cambio actual de 3.044.000 guaraníes mensuales). Paralelamente, se presentó un proyecto de modificación de ley para que el fondo de garantía cubrirá el escándalo financiero de forma inmediata mediante un primer desembolso de 40 salarios mínimos en 24 horas.
Trama de corrupción, esquema Ponzi y sucesión presidencial
Por otra parte, Martínez denunció que el acelerado crecimiento del banco Ueno desde 2023 respondió a una estructura irregular catalogada como un esquema Ponzi, en el cual estarían involucrados el presidente Santiago Peña y su entorno económico mediante la creación de más de 50 empresas de maletín. En este contexto, el mandatario conservador presentó su dimisión tras perder el respaldo del Partido Colorado, mientras la Cámara de Diputados mantuvo el curso del juicio político para evitar que Peña acceda a fueros judiciales como senador vitalicio.
Ante la inminente salida del jefe de Estado, la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la presidencia de la República para completar el periodo gubernamental hasta el 15 de agosto de 2028.
En conclusión, los sectores parlamentarios mantendrán la supervisión sobre el proceso de disolución bancaria para asegurar que los cuentapropistas recuperen la totalidad de sus fondos.
