Inaugurada oficina de Defensa Pública en municipio Guacara
Acompañado del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y del alcalde del municipio Guacara, Johan Castañeda, el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, inauguró la primera sede de Defensa Pública (DP) en la jurisdicción, con el propósito de aportar asistencia jurídica gratuita a ciudadanos provenientes de Diego Ibarra, San Joaquín, Los Guayos y Guacara.
Tras el despeje de cinta, efectuado en el epicentro de Atención a ciudadano, Zona 3, abrió sus puertas la cuarta sede de Defensa Pública en la región, la cual tiene previsto atender más de 10.000 casos llevados en el Palacio de Justicia, para dar respuesta en materia penal municipal, civil, protección al menor, mercantil y tránsito.
El gobernador Rafael Lacava manifestó que el objetivo, con esta nueva sede de la DP, es ofrecer estas herramientas de acceso al sistema de justicia de manera integral “para que la población del eje oriental del estado Carabobo no se tenga que trasladar a Valencia para sus trámites. Aquí tenemos al Saime, la Defensoría del Pueblo y una gran cantidad de instancias”. Asimismo, agradeció a la mandataria nacional: “Gracias, presidenta; estas siguen siendo buenas noticias para este pueblo, para que sea atendido dignamente”.
Por su parte, el defensor público general recalcó que la puesta en marcha de estas instalaciones subraya el compromiso de las autoridades nacionales, regionales y municipales por garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de la población.
“Esta inauguración forma parte de la reforma al sistema de justicia penal que nuestra presidenta Delcy Rodríguez ha instruido; que busca que la justicia llegue a toda la población, llegue a todo el territorio. Es por esto que estamos desconcentrando la carga que tenían las dos sedes en Valencia, la de Puerto Cabello, para ahora poder atender con mayor agilidad a los ciudadanos del eje oriental”, exclamó Ramírez.
Esta oficina se consolida como un pilar fundamental para el bienestar social y la seguridad jurídica de todos los carabobeños. Además, reafirma la determinación del Ejecutivo nacional, regional y municipal para seguir construyendo un estado más justo y eficiente, trabajando de la mano con las instituciones para asegurar el derecho a la defensa de forma cercana y accesible para el pueblo de Carabobo.
