Piden a CIDH revisar responsabilidad de empresas privadas en el desabastecimiento en Venezuela
ONG solicitó a las autoridades venezolanas y a la CIDH crear instrumentos jurídicos vinculantes para regular la actuación de empresas privadas
La organización no gubernamental Sures solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar la responsabilidad de empresas privadas en el desabastecimiento que actualmente se vive en Venezuela.
Durante su participación en la audiencia pública sobre “Empresas y Derechos Humanos en Venezuela”, realizada en el marco del 167 período de sesiones de la CIDH que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, la ONG destacó que hay que agilizar la creación de estándares regionales sobre la responsabilidad de las empresas privadas en la violación de los derechos humanos, especialmente en el derecho a la salud y a la alimentación.
“Desde Constitución de Venezuela se señala al Estado como único posible vulnerador de derechos humanos, mientras se silencia la responsabilidad de empresas privadas en tales violaciones, y las organizaciones no podemos presentar demandas directamente contra las empresas”, resaltó la directora de la ONG, María Lucrecia Hernández.
La Directora de Sures también explicó que algunas “empresas privadas tienen mayor poder e influencia que los Estados y en la práctica funcionan como entidades transnacionales. Por ello, es necesario que exista un marco legal que ampare a los ciudadanos frente a las violaciones de este sector para que ingresen en la protección internacional que brinda el sistema interamericano de derechos humanos y sean sancionadas”.
La representante de Sures recordó, por ejemplo, que empresas farmacéuticas en el país han ejecutado prácticas de boicot y que han generado desabastecimiento en Venezuela y afectaciones sobre el derecho a la salud.
“Mientras se incrementaba en más de un 50% la compra de medicamentos realizada por el Estado venezolano a partir de 2014, al mismo tiempo se registraba una escasez cada vez mayor. En función de ello parecería no ser un problema de divisas, sino de acciones boicot que grandes corporaciones de la industria quimico-farmacéutica realizan en contra de Venezuela; industria ésta que siempre ha estado en mano de empresas transnacional operando en condición de monopolio y oligopolio y en posición de dominio frente al Estado, afectando el acceso de medicinas del pueblo venezolano”, precisó Hernández.
Por último, la ONG solicitó a las autoridades venezolanas y a la CIDH crear instrumentos jurídicos vinculantes para regular la actuación de empresas privadas y poder frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las grandes trasnacionales.
