Vicerrector administrativo de la UCV renunció a su cargo
La disposición administrativa del Rectorado de la UCV (dirigido por Cecilia García Arocha) ha producido un quiebre progresivo en el trabajo de la estructura del rectorado. El rectorado ha pasado a asumir atribuciones de intervención en las tareas que por Ley y Reglamentos son competencia del vicerrectorado administrativo, produciendo el desmembramiento progresivo de su organigrama institucional, accionar irregular que se describe a continuación:
1.- Destitución y nombramiento inconsulto de jefes y directores de Dependencias adscritas al Vicerrectorado Administrativo.
2.- Diferencias con la Dirección de Planificación y Presupuesto, ya que otorgaba disponibilidad presupuestaria sin conocimiento del VRAD, señalando en cada caso que se tenía el aval del Rectorado, sin mayores detalles ni justificación, situación agravada desde 2012.
3.- A pesar de existir en el VRAD una comisión de contrataciones, se nombró otra comisión de Contrataciones Centralizada en el Rectorado que se encarga de todos los procesos de contratación.
La nueva Comisión de Contrataciones depende directamente del Rectorado y está integrada por algunas personas que, aunque la Ley no lo indica expresamente, deberían inhibirse por las funciones institucionales que desempeñan como administración activa, caso de la administradora del Rectorado, el subdirector de la
Dirección de Planificación y Presupuesto y la Directora de la Administración y Finanzas del VRAD.
4.- Son múltiples las contrataciones para servicios y obras en la UCV que se han presentado desde el Rectorado con disponibilidad presupuestaria otorgada por la Dirección de Presupuesto, cuya fuente original de recursos no estaba destinada para ese fin. Las decisiones sobre el uso de los recursos no han sido el resultado de una discusión del equipo rectoral, sino una determinación administrativa emanada del Rectorado.
Ejemplo de esto se encuentra en el oficio AR-315/2018 donde se aprueba un Concurso Abierto para la contratación para la adecuación y puesta en valor de los vestuarios del complejo de piscinas de la UCV, con un costo inicial de Bs. 45.928.336.259,29 y luego el costo real fue cercano a los 270 millardos de Bolívares.
5.- El rectorado realiza manejo arbitrario de los recursos obtenidos por la liquidación y alquiler de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación Fondo de Jubilaciones, fondos de uso exclusivo a la seguridad social del Personal Docente y de investigación de la UCV.
El Vicerrectorado Administrativo no tuvo en ningún momento injerencia directa en las operaciones que se realizaron y se realizan con las inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado.
6.- Caso de CEDIVI. Adquisición del espacio inmueble pertenecientes al Centro de Diagnóstico para la Vida C.A. (CEDIVI) y de los equipos de evaluación de diagnóstico de imagen. El costo del inmueble y de los equipos ascendía a USD 934.400,00. Sin embargo, la decisión final para la compra y el precio de la operación no fue discutida ni aprobada por el Consejo Universitario.
7.- Convenio UCV-IPP sobre Sistema de Atención Medica y Hospitalaria Integral (SAMHOI). El sector profesoral cuenta con el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) desde 1994 con el seguro auto administrado SAMHOI.
Hasta 2018, se financiaba parcialmente con las primas que pagaban los profesores que se inscribían, la UCV aportaría 50% para cubrir siniestros indemnizados. La nueva metodología del equipo de la Rectora para indemnizar al IPP por los siniestros SAMHOI se basa en pagar deudas viejas, estimadas en bolívares, aplicando al cambio actual del dólar lo que se traduce en una disminución de la deuda por la devaluación del bolívar. Según este método la UCV ha pagado su aporte hasta 2020.
8.- Contratación de una póliza de HCM para los profesores activos y jubilados de la UCV. La intención de establecer una nueva modalidad de contratación directa en la cual no se especifica el Pliego de Condiciones, por lo que no se conoce cuál sería la cobertura y si significa una mejora en relación a lo que ofrece actualmente el SAMHOI.
Esto puede traer como consecuencia una violación al Acta Convenio, además que el Consejo Universitario asumiría responsabilidades administrativas que podrían estar sujetas a sanción.
Estos han sido los aspectos más relevantes que han motivado la renuncia pública del Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo Méndez. A esto se señala la inclusión de un CD contentivo con los anexos y pruebas de lo antes expuesto por él.
