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TSJ insta a Fiscalía investigar a un solicitado por España

Está presuntamente incurso en el traslado de 3,4 toneladas de cocaína de Venezuela a Galicia

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó que se procese penalmente en Venezuela a Luis José Lemus Lugo (46) para determinar si está o no incurso en tráfico de drogas, tal como lo señala España al solicitar su extradición, según sentencia 002 redactada por la magistrada Elsa Gómez Moreno.

Lemus Lugo es solicitado por España desde abril de 2013, según notificación roja de Interpol donde se especifica que está presuntamente incurso en el traslado de 3,4 toneladas de cocaína, las cuales salieron de Venezuela en julio de 2008 con destino a Galicia.

24 años después de ese hecho, el Cicpc detuvo a Lemus Lugo, concretamente el 31 de mayo de 2022, en el Morro de Puerto Santo (Sucre), donde labora como pescador, refiere la sentencia. El Tribunal 5° de Control de Sucre, extensión Carúpano, le decretó privativa de libertad y lo envió a Interpol Caracas para que siguiera el trámite de extradición.

El expediente fue remitido a la Sala Penal del TSJ donde corroboraron que Lemus Lugo es venezolano, por lo tanto no susceptible de ser extraditado. Igualmente la Fiscalía informó al TSJ que contra el detenido no cursa investigación alguna.

Pero, basados en los convenios internacionales que obligan a Venezuela a sumarse al combate contra el narcotráfico, los magistrados instaron al Ministerio Público “a considerar, si lo estima oportuno” iniciar una investigación penal contra Lemus Lugo por delitos previstos en la Ley de Drogas. En razón de ello, colocaron al detenido a la orden del Tribunal 5° de Control de Sucre “para verificar la situación legal y se decida si se inicia o no una investigación penal en su contra”.

Los magistrados recalcaron que los delitos de drogas son delitos de lesa humanidad “ya que causan un gravísimo daño a la salud física y moral del pueblo, aparte de poner en peligro y afectar en realidad la seguridad social (por la violenta conducta que causa la ingestión o consumo de las substancias prohibidas) y hasta la seguridad del Estado mismo”.

La persecución

La Sala Penal aboga por la creación de una jurisdicción internacional, que permita a un Estado perseguir, fuera de su jurisdicción nacional, a los culpables de delitos de lesa humanidad, entre ellos el tráfico de drogas. Pero, al mismo tiempo, facilitar a otro Estado perseguirlo en su territorio, evitando así la impunidad que pudiera darse en razón a la situación que rodea la comisión de los mismos, plantea la Sala que advierte que “no existe una calificación internacional, que incorpore aquellos delitos relacionados con drogas, como delitos de lesa humanidad”.

 

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