SUNDDE ordenó fiscalización integral a supermercados Central Madeirense
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, informó este miércoles que a partir de la fecha se ordena la fiscalización integral a la cadena de supermercados Central Madeirense, tras las denuncias recibidas en el organismo relacionadas a la presunción de la Alteración Fraudulenta de Precios, Especulación y Marcaje de Precios, delitos socioeconómicos sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
La autoridad de la SUNDDE señaló, que la fiscalización inició el día de hoy desde tempranas horas de la mañana, en todas las sedes de la empresa ubicadas en el territorio nacional, la cual comprende el estudio de la estructura de costos de los productos comercializados, y que al finalizar serán determinados los ilícitos socioeconómicos.
“Esta empresa violenta cotidianamente los derechos del pueblo venezolano de adquirir los bienes al precio cónsono con la realidad económica del país, y no al precio que quieren imponer a partir del dólar criminal o conocido como Dólar Today”, comentó.
Las declaraciones de Contreras fueron emitidas desde el centro de acopio principal de la cadena, ubicados en la Zona Industrial de Filas de Mariche en el estado Miranda, donde también funcionan las oficinas de la empresa, desde allí explicó que las instalaciones funcionan como un centro de distribución, esto lo utilizan como un mecanismo justificativo para argumentar o deslegitimadores del comportamiento atípico de la estructura de costos. Según ellos tienen una capacidad utilizada de un 20 por ciento, con relación a las dimensiones reales, y fundamentalmente funcionan como un centro de acopio mixto, con distribución directa y centralizada de un universo de productos y de bienes.
“Estamos determinando a que grupo pertenece cada uno, a fin de tomar medidas de carácter conclusivo que restituya el normal funcionamiento, el primero de ellos la disposición de productos y el segundo la formación de precios”, explicó.
Acotó que generalmente, este comportamiento es utilizado por empresas de esta naturaleza para reflejarla en su estructura de costos y con ello señalar que sus productos tienen un manejo dentro del centro de distribución.
PRECIO DEL ARROZ A BS 17 MIL NO FUE AUTORIZADO POR LA SUNDDE
Recientemente circuló en las redes sociales la denuncia de usuarios y usuarias relacionadas al precio del arroz comercializado por los establecimientos de esta cadena de supermercados, a Bs 17 mil, el mismo explicó Contreras debió haber sido notificado a la SUNDDE, cumpliendo con lo establecido en las normativas derivadas de la Ley Orgánica de Precios Justos.
“Hemos observado la práctica de colocar en los anaqueles productos importados violando las normas nacionales que indica que cuando es un producto importado el margen de ganancia para el importador es el 20 por ciento.
En este punto le hemos explicado que aunque hay un importador que vende el producto, todos somos corresponsables en la estabilidad y funcionamiento de la economía, y no pueden haber justificativos por su parte de <<lo vendo así, porque lo compré así>>, pero ellos tienen que tener claro el conocimiento de las leyes. Aunque su posición política difiera de las políticas del Gobierno Bolivariano, ya que es gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que este tipo de negocios puede operar y por ello deben respetar las leyes”, enfatizó.
¿QUÉ SE HA ENCONTRADO?
La autoridad de la institución fiscalizadora de precios, indicó que en la primera fase de fiscalización, se ha determinado el incumplimiento del marcaje de precios en productos como el arroz, cuyo empaquetado original no cuenta con el troquelado tal como lo señala la normativa.
“El segundo es no haber notificado a la SUNDDE, que estaban importando este producto que está regulado y lo iban a vender a un precio estimado, este precio no está autorizado por nuestro organismo y no son los criterios que se establecen en las normas técnicas derivadas por la ley que nos rige.
Otro de los ilícitos determinados es la variabilidad de los precios en sus productos, la recurrencia que corresponde al delito de Usura estipulado en nuestra Ley Orgánica de Precios Justos”, concluyó.
