Otorgan Premio Nacional de Periodismo a Clodovaldo Hernández

El Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018 dio a conocer este lunes su veredicto 

El Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018 dio a conocer este lunes su veredicto donde figuran varios trabajos publicados en las páginas de Ciudad CCS. Uno de los galardonados fue Clodovaldo Hernández, por los trabajos titulados El antes y ahora de Luisa Ortega Díaz y El antes y ahora de Gabriela Ramírez, publicados en el diario Ciudad Caracas, que le merecieron el Premio Nacional de Periodismo Impreso.

Aquí puedes leer los dos trabajos galardonados:

El antes y el ahora de Luisa Ortega Díaz por Clodovaldo Hernández

En julio de 2013 tuve el placer de entrevistar, para el diario Ciudad CCS, a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Lo del placer no es una frase hecha: estuve frente a una persona amable, dinámica y firme. Además, nos brindó a la fotógrafa, Yrleana Gómez, y a mí, torta de chocolate con una taza de chocolate caliente, un auténtico y delicioso exceso. Rebuscando en mis archivos, encontré la versión de aquella conversación y he querido mostrar unos fragmentos y contrastarlos con las acciones y opiniones de la abogada vallepascuense en días recientes. Me parece que es “de interés periodístico” e, incluso, de interés humano.

Así lo dijo (en julio de 2013):

• “Con los derechos humanos le tienen montado otro ataque al Estado venezolano. Acá tenemos un laboratorio, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Es única en el mundo. ¿Hubiese creado ese laboratorio si no tuviera interés en investigar casos de derechos humanos?”.

Así lo dijo en estos días:

• “Ha sido grave la violación de los derechos humanos en el país en el curso de la ola de protestas opositoras que se inició el 1 de abril pasado. Presumo que en La Haya hay un expediente sobre violación de derechos humanos que se puede medir con cinta métrica”

En la entrevista achocolatada de 2013, le pregunté a la doctora Ortega acerca de la afirmación que había hecho el ex candidato Henrique Capriles de que ningún caso del 15 de abril de ese año (la descarga de la calentera) tuvo móvil político. La fiscal respondió:

• “Veamos ejemplos: un conductor de camión arremetió contra una concentración que celebraba el triunfo del presidente Maduro. Hubo once heridos y dos muertos, ambos niños. Están los casos de La Limonera y Cumanacoa. En total, hubo nueve fallecidos y 107 lesionados, algunos graves”.

En las manifestaciones de este año, que ya se aproximan a los tres meses de duración, la fiscal ha asumido una postura muy caprilista respecto a la responsabilidad de manifestantes, incluso en crímenes tan horrendos como el de Orlando Figuera, golpeado, apuñalado, bañado en gasolina y quemado en plena calle. El Ministerio Público se apresuró a declarar que no iba a ser tratado como un crimen de odio, sino como el resultado de una vieja rencilla de la víctima con alguien que andaba por ahí. En cambio, la fiscal tiene muy claro el tipo de imputación que se hará contra los funcionarios públicos responsables de otras muertes. Concretamente, en el caso del adolescente Fabián Urbina, dijo, en un programa de radio:

• “Esa actuación de la GNB no fue abuso de fuerza, eso fue un homicidio”

En aquella entrevista de 2013, interrogué a la fiscal sobre las quejas del periodista Nelson Bocaranda y de algunas organizaciones gremiales por el hecho de que el Ministerio Público lo había citado a declarar. Según Bocaranda, aquello era una forma de persecución política. Ortega Díaz respondió:

• “Él ha sido citado porque a través de su Twitter, red social en la que él tiene un número considerable de seguidores, hizo una afirmación sobre la presencia de urnas de votación en un Centro de Diagnóstico Integral. Lo que queremos saber es cómo le constaba a él que eso estaba ocurriendo. Uno tiene que ser responsable en lo que hace. Si eres médico, en el ejercicio de la Medicina; si eres abogado, en el ejercicio del Derecho; si eres periodista, tienes que ser responsable en el ejercicio del periodismo. Si eres un periodista que tiene una tribuna privilegiada para comunicarte con muchas personas, tienes que informar verazmente porque una información puede generar crisis o conflictos en la sociedad. Vale recordar el caso de las etnias tutsi y hutu, en Ruanda, donde a través de mensajes de una emisora de radio se provocó una de las peores masacres en la historia de la humanidad, y los directivos de esa emisora fueron sancionados por una Corte Penal Internacional ad hoc. Esa decisión nos dice que un comunicador debe ser responsable con los llamados que haga y sincronizar el cerebro con el dedo a la hora de tuitear una información”.

Así procede y habla en estos días la doctora Ortega Díaz: por Twitter dio a conocer información sobre la muerte del manifestante Juan Pernalete, en Altamira, según la cual fue impactado directamente por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional. Su mensaje, y otras actuaciones públicas (de acuerdo con su propia tesis) pueden haber causado el recrudecimiento de las protestas de los grupos violentos.

Ah, por cierto, ¿adivinan a quien le dio la fiscal las declaraciones citadas acá sobre los derechos humanos y que ya le sentenció a la GNB? Correcto: a Nelson Bocaranda. Todo indica que ya no lo considera un “Dedo Alegre”, pues estuvo en su programa de radio. ¿Le habrá llevado torta?

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El antes y el ahora de Gabriela Ramírez por Clodovaldo Hernández

A principios de marzo de 2014, mientras las guarimbas causaban una oleada de muertes, lesiones, daños materiales y detenidos, entrevisté para Ciudad Ccs a la entonces defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.  Ella enfrentaba entonces una intensa campaña de desprestigio orquestada por la oposición violenta (y coreada por la supuestamente pacífica). Se le acusaba de ser “defensora de la tortura”.

Hoy, a raíz de su opinión en contra de la forma como se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la ex funcionaria ha asumido una línea disidente. Aparte de cuestionar al presidente Maduro por el tema de la ANC, ha tenido también posiciones críticas sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en respuesta a los disturbios. El cotejo de las frases de 2014 con las de 2017, un material para la reflexión, hace pensar que también ha comenzado, en algunos aspectos, a discrepar de sí misma. Veamos:

Sobre los excesos de funcionarios
Ramírez tenía, como defensora del Pueblo, una postura bastante equilibrada. Entendía que a manifestantes violentos no se les puede pasar una tarjeta de invitación a la comisaría policial, sino que es necesario emplear la fuerza para detenerlos. Ahora, parece un poco más preocupada por los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad.

Así lo dijo en 2014:
“Hemos recibido 42 denuncias de supuestas lesiones a la integridad personal. La mayoría de ellas son producto de aprehensiones en flagrancia en las que una persona que está cometiendo acciones violentas es reducida a través del uso progresivo de la fuerza física por parte de las autoridades. En medio de ese tipo de situaciones, las personas pueden resultar lesionadas porque van corriendo y se les derriba o son detenidos forzosamente. La mayoría son personas que han estado obstruyendo vías, quemando basura, poniendo barricadas, es decir, que han incurrido en delitos previstos y sancionados en el Código Penal”.

Así lo dice en 2017:

“Nosotros hemos visto, porque han sido documentados los hechos a través de cámaras y los medios, que han habido excesos de las Fuerzas Armadas en ocasiones, también hemos visto excesos civiles, hemos visto denuncias de robos y agresiones a periodistas por parte de la Guardia Nacional; todas estas expresiones son delictuales, y deben ser investigadas y castigadas. En el caso de la GNB hay un añadido, porque el guardia, tenga la edad que tenga, está personificando al Estado (…)” [Entrevista con la periodista Anyela Torres, de 2001].

Sobre torturas
Ramírez, en medio del maremágnum de 2014, sentía que el Estado venezolano estaba en siendo objeto de una campaña a gran escala, que incluía denuncias de tortura. Ahora, parece tener otra visión de aquellos hechos. Incluso, subrayó haber recibido un presente de agradecimiento de Marco Coello, un estudiante que denunció haber sido torturado y que ahora se encuentra en Estados Unidos (aunque estuvo a punto de ser deportado en abril pasado).

Así lo dijo en 2014:
-¿Han recibido denuncias de personas torturadas?
-¡Ni una, ni una! Solo algunas por malos tratos. La matriz que están impulsando algunos sectores es siniestra. Está muy claro que tiene como eje decir que este es un gobierno neopinochetista, y por eso hay que deslegitimar también a la Defensoría del Pueblo.

Así lo dice en 2017 (de su cuenta Facebook):

“El equipo defensorial de entonces, conocedor de la labor de defensa y vigilancia de derechos humanos, extremó todos sus esfuerzos para que, prioritariamente, los jóvenes que en efecto sufrieron tratos crueles o torturas, recuperaran su libertad. Todavía conservo el aceite de la Rosa Mística que recibí de las manos del estudiante Marco Coello”.

Campañas contra la Defensoría
Hace tres años, capeando el temporal, la trabajadora social y ex dirigente del movimiento Clase Media en Positivo, alertaba sobre el daño que se pretendía hacerle a la Defensoría del Pueblo. Hoy aprovecha la atención que ha generado su postura sobre la Constituyente, para echarle leña al fuego que arde contra su sucesor, Tarek William Saab.

Así lo dijo en 2014:
-¿Ustedes han atendido a todas las víctimas de la violencia de estos días?

-Sí, al menos lo hemos intentado, aunque algunas se han negado a darnos información porque lamentablemente, estas campañas por las redes sociales han tenido eco, han generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. Esto forma parte del plan: se desprestigia a las instituciones para que la gente no acuda a ellas y seguir llevando las supuestas denuncias a través del Twitter  y de los medios privados opositores y decir que no existe Estado de derecho.

Así lo dice en 2017 (a través de redes sociales, por cierto):

“Hoy miro con tristeza aquella institución que fue vigorosa y orgánica, la Defensoría del Pueblo, a la que la mayoría de sus servidores prefirieron abandonar y quedarse sin empleo antes que ser usados como el público de un titular que parece estar más interesado en defenderse a sí mismo que al pueblo, explayando su historia personal en cada intervención”.

¿Quién asesina a quién?
También parece haber variado la visión de Gabriela Ramírez sobre la responsabilidad de las muertes, lesiones y daños materiales que se producen en estas recurrentes olas de violencia opositora. ¿Este saldo fatal puede atribuirse al Estado solamente o hay otros culpables?

Así lo decía en 2014:
“El rol nuestro es que la gente esté protegida también de la violencia que generan estos focos de perturbación que han venido haciéndose cada vez más peligrosos y criminales. Ahora no solo hay barricadas y fogatas, sino también alambres de púas, guayas colocadas entre postes, aceite derramado en las vías y obstáculos puestos a escasos metros de una curva en vías rápidas para generar accidentes. Estamos hablando de trampas para seres humanos. ¿Qué puede haber más violatorio de los derechos humanos que una trampa colocada para matar o atrapar a un ser humano, como si fuera un tigre o un lobo? El día viernes, unos guardias nacionales estaban retirando unos escombros y los abalearon, dos fueron heridos y uno muerto”.

Así lo dice en 2017:

“Desde hace dos meses hay vidas que se escurren como agua derramada por un desagüe, que ninguno parece capaz de contener. Y si entendemos que se violan derechos humanos por actuación u omisión, impedir esas muertes es una enorme responsabilidad del Estado”.