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Ministro Farías advierte que derecha pretende apropiarse de logros revolucionarios en área habitacional

Con la propuesta de Ley de Propiedad de Viviendas, esbozada por el diputado Julio Borges en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) realizada este miércoles, la derecha parlamentaria pretende apropiarse de los logros del Gobierno revolucionario en materia de construcción y entrega de viviendas, denunció el ministro de Poder Popular para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías

"Nunca un gobierno había construido tantas viviendas dignas para el pueblo, Borges y su Ley quieren engañar a propietarios", escribió Farías en su usuario de twitter, @JesusFariaPSUV, y en otro mensaje insistió en que Borges "pretende entregar titularidad de vivienda que construyó la GMVV, obra de Chávez".

Esta propuesta, que supuestamente busca otorgar título de propiedad a los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y de los demás complejos habitacionales construidos por el Gobierno Nacional, desconoce los instrumentos legales aprobados por el Estado que ya garantizan el derecho de propiedad familiar y multifamiliar de las unidades habitacionales construidas por el programa social iniciado por el líder socialista Hugo Chávez.

Farías también recordó que anteriormente la derecha ha desestimado el proyecto habitacional de la GMVV, que ha entregado hogares a más de un millón de familias, diciendo que se queda en maquetas. 

"Quien se burlaba del pueblo con su misión Maqueta, hoy presenta Ley diseñada por el sector privado de la construcción", escribió. 

En este sentido, más temprano el diputado Darío Vivas advirtió que las fracciones de la derecha en la AN defienden los intereses de la banca hipotecaria, así como de sectores empresariales de la construcción, que durante muchos años promovieron en el país los créditos indexados, acciones especuladoras y usureras.

El tipo de propiedad que propone los diputados opositores daría paso a que las viviendas puedan ser hipotecadas y tratadas como una mercancía para la compra y venta, en lugar del concepto de derecho social que ha reivindicado el Gobierno revolucionario. 

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