Juan Guaidó será investigado por estar involucrado en presuntos actos de corrupción
El Presidente de Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, anunció el inicio del procedimiento de auditoria patrimonial del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Marqués, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal y del Decreto con Rango Valor y Fuerza Contra la Corrupción.
Destacó desde la sede de la Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, que dicho procedimiento se debe a que presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), y ha recibido dinero de instancias nacionales e internacionales, sin ningún tipo de justificación.
Asimismo explicó que en el artículo 289 de la Contraloría, destaca que se dispone de inicio de investigaciones sobre irregularidades del patrimonio público, así como dictar medidas e imponer reparos y aplicar sanciones administrativas, a que haya lugar de conformidad con la ley.
De igual manera Amoroso sostuvo, que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, establece las competencias exclusivas y excluyente del Contralor General de la República, de imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, hasta por un máximo de 15 años, a servidores públicos que cometan irregularidades.
Resaltó que el decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción, faculta a la Contraloría general de la republica a recibir, estudiar, cotejar y verificar las DJP, que les fuese presentado por los servidores públicos, incluyendo a los diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Reiteró que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los diputados de la AN, son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo remuneración con ocasión de otro trabajo público y privado, de igual manera no podrán ser propietarios, administradores y directores de empresas, que contraten con personas jurídicas, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo.
