Jefe de Estado: Derechos de Venezuela son irrenunciables e irrevocables
Venezuela alertó a la comunidad internacional ante la ONU sobre la "piratería estatal" y las agresiones navales de EE. UU. en el Caribe, denunciando violaciones a tratados de paz y la desestabilización del mercado energético global
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió que la nación no renunciará a sus derechos históricos frente a las recientes presiones externas de la administración estadounidense. El mandatario enfatizó que la soberanía y la integridad territorial constituyen facultades irrenunciables, amparadas por la doctrina del Libertador Simón Bolívar y consagradas en la Constitución nacional.
A través de sus plataformas digitales, el jefe de Estado resaltó la vigencia del primer artículo de la Carta Magna, calificándolo como «tajante y sabio» al declarar que la República es irrevocablemente libre. En su mensaje, Maduro acompañó sus declaraciones con un material documental que destaca la legitimidad del texto constitucional de 1999, el cual fue ratificado mediante una consulta popular inédita en la historia del país.
El mandatario subrayó que la cualidad de «irrevocable» de la libertad venezolana es una base inalterable que fundamenta el patrimonio moral del país. Según el líder nacional, los valores de igualdad y paz internacional son pilares que ningún actor nacional o extranjero puede revocar, vinculando directamente la estabilidad institucional con el legado bolivariano.
Asimismo, el presidente dirigió un mensaje a los sectores que promueven la intervención militar desde el exterior, calificándolos de «enemigos apátridas». Recalcó que la nación no permitirá un retroceso hacia un estatus colonial, reafirmando que el pueblo venezolano se mantiene firme en la defensa de sus derechos históricos frente a cualquier intento de tutela internacional.
Finalmente, Nicolás Maduro instó a los ciudadanos a cumplir con el mandato juramentado que representa la Constitución de 1999. El jefe de Estado concluyó que la defensa de la Carta Magna debe ser un ejercicio constante del Poder de la Nación para asegurar la prevalencia del Estado de derecho y la soberanía frente a las amenazas contemporáneas.
