Informe final de Comisión por la Justicia busca rescatar la memoria histórica
La presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Luisa Ortega Díaz, presentó el informe final sobre los 10 mil 71 casos de víctimas de asesinato, tortura y desaparición forzosa por razones políticas durante el mandato puntofijista.
En tal sentido, Ortega Díaz, precisó que la Comisión busca dejar registro de lo que se vivió en el país entre 1958-1998 por el terrorismo de Estado.
Desde el Teatro Principal de Caracas, la funcionaria aseveró que para elaborar el informe se realizó una investigación exhaustiva durante cuatro años que incluyó la revisión y posterior confirmación de los datos asentados en documentos de las antiguas Digepol y Disip, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Corte Marcial, así como de los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones, los centros de detención y tortura dirigidos por fuerzas de seguridad del Estado.
No obstante, hubo algunos archivos a los que no pudieron acceder a pesar de los esfuerzos.
“La Comisión se enfocó en la búsqueda de la verdad para el rescate de la memoria histórica”, expresó.
Durante cuatro años, la Comisión recibió mil 387 denuncias, reportando la desaparición o muerte de varias personas, todos los casos por violación de los derechos humanos.
Asimismo se examinaron 16 mil 630 expedientes de víctimas, logrando precisar la identidad de 10 mil 071 y a muchos de los agresores, contra quiénes se ejercieron las acciones penales correspondientes.
Del total, se determinó que mil 425 fueron asesinadas directamente, 459 sufrieron desaparición forzada.
Además se ubicaron y exhumaron los restos de 19 ciudadanos, entregando 14 de ellos a sus familiares en actos públicos.
Esta comisión fue instalada el 27 de febrero de 2013 para esclarecer la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos en la Cuarta República.
Su creación está establecida en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas, aprobada el 18 de octubre de 2011.
