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Gestión de Maikel Moreno continúa para garantizar el acceso a la justicia

El  presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, continúa trabajando en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Poder Judicial, tanto en lo referido a  garantizar el acceso a la justicia como en la preservación de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, sin ceder  ante acciones terroristas o pronunciamientos intimidatorios.

En este sentido el Magistrado-Presidente inauguró nuevos tribunales penales municipales distribuidos en los estados Zulia, Trujillo y Lara respectivamente; así como el primer Juzgado Superior Agrario del estado Bolívar, y el Circuito Judicial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes extensión Puerto Ordaz, en esa entidad federal.

El  trabajo desplegado por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por los tribunales de todo el territorio nacional se fortalece, al igual que las acciones en materia de seguimiento, control, dotación y recuperación de infraestructura en las sedes judiciales del país; además del refuerzo de los beneficios laborales y las actividades de formación para los servidores y servidoras del Poder Judicial.

Pronunciamientos institucionales  contra las pretensiones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y contra el ataque terrorista a la sede del Máximo Juzgado, cuyos Magistradas y Magistrados fueron ratificados en sus cargos por la Asamblea Nacional Constituyente, forman parte de la agenda cumplida por el presidente del TSJ, Mag. Maikel Moreno; así como la profundización de contactos internacionales para reforzar el intercambio en el área judicial.

Asimismo, el Poder Judicial se mantiene activo en las comunidades con el trabajo institucional y en contacto directo con la población; además, se fortaleció el despliegue comunicacional de las informaciones emanadas de  los  órganos que lo integran a través de las cuentas institucionales en las redes sociales del Magistrado-Presidente, del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales.

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