Fiscalía abrió expediente sobre trama de corrupción en Carbozulia
Consignan nuevos elementos a la investigación que lleva la Fiscalía
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El Ministerio Público abrió una investigación para determinar presunta trama de corrupción en Carbones del Zulia (Carbozulia), empresa estatal adscrita al Ministerio de Industria.
Si bien la investigación se abrió en el año 2021 (MP- 120-821-2021), nuevos elementos fueron consignado por el abogado y empresario Juan Pablo Montiel Almeida el pasado 26 de junio. Ante esa circunstancia, el Ministerio Público acumuló recientemente en un solo expediente la investigación que reposa en la Fiscalía Quincuagésima, según oficio N° 24-FS-1817.
Es así que la investigación está basada en los elementos aportados por Montiel Almeida, contenidos en un documento donde se solicita especificar el papel jugado por el presidente de Carbozulia, Francisco Javier Aguilera Castro.
Esta persona fue removida del cargo el pasado 15 de marzo, es decir, dos días antes que se iniciara la Operación Anticorrupción destinada entre otros, a sancionar hechos de corrupción detectados en tres empresas del Estado: Pdvsa, Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela.
El documento de denuncia refiere que Aguilera Castro presuntamente suscribió contratos “para la explotación de la actividad carbonífera en el Zulia, con empresas inexistentes jurídicamente”.
Una de esas empresas esta denominada como Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. la cual facturó desde el año 2018 once millones de dólares “sin que ello representara beneficio alguno para el Estado”.
El denunciante refiere que las maquinarias empleadas por Operaciones Mineras no son de su propiedad, pero simuló tal cualidad. Pese a ello, cobró al Estado mensualmente 45.000$ por equipos que no llegaban a prestar servicios en la explotación del carbón.
Montiel Almeida sostiene que el ex presidente de Carbozulia estaría presuntamente incurso en los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, corrupción propia agravada y enriquecimiento ilícito.
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