Familiares de venezolanos deportados por EE.UU. a El Salvador piden a Bukele su liberación
Esta acción se da a pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la capacidad de Donald Trump para deportar a inmigrantes
Familiares de migrantes venezolanos denunciaron que Estados Unidos envió a El Salvador a un grupo de hombres para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad denominada CECOT, sin respetar el debido proceso tras acusarlos de pertenecer al Tren de Aragua. Esta acción se da a pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la capacidad de Donald Trump para deportar a inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
A través de las redes sociales, allegados familiares de un grupo de venezolanos exigen al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al gobierno de EE.UU. investigar cada uno de los casos, para que puedan verificar «que muchos de los deportados no pertenecen a ninguna banda criminal y mucho menos al Tren de Aragua.
Sebastián Garcia Casique, hermano de Franciscko García, quien fue deportado junto con otros más de 230 venezolanos, escribió en Facebook que su familiar enfrenta una situación difícil simplemente por tener tatuajes: «Él que nunca había estado preso, nunca ha cometido un delito ni acá en Venezuela ni en ningún otro país; no tiene antecedentes penales. Toda su vida se ha dedicado a ser barbero; su única falta ha sido ingresar a los Estados Unidos como inmigrante. Lo están involucrando con el tren de Aragua solo por sus tatuajes».
Así como García Casique, otros familiares han manifestado por medio de multiplataforma, que sus consanguíneos deportados a El Salvador son víctimas de las acciones del gobierno estadounidense; cuentan que «un grupo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses para regresar a Venezuela y el resultado fue otro».
Estado venezolano condena aplicación de Ley
El Gobierno venezolano condenó la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero por parte de EE.UU., calificándola de «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos», que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, «en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi».
En un comunicado oficial, el Estado venezolano afirma que la Ley no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, «sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares».
El Estado responsabiliza de estas operaciones al denominado «Tren de la USAID», liderado por María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros, que conforman el núcleo criminal de la extrema derecha al promover una campaña para «estigmatizar negativamente» a los migrantes venezolanos con «la creación de una red criminal de coyotes que, a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas, condujeron a muchos de nuestros compatriotas.
Rechazo a la Ley
La profesora en derecho internacional y de seguridad nacional en la American University, Rebecca Hamilton, expresó que las personas deportadas «no han tenido el debido proceso desde que fueron arrancadas de sus vidas y familias en Estados Unidos hasta que ahora se encuentran en la prisión de CECOT en El Salvador».
El activista político en el tema de inmigración, Aaron Reichlin-Melnick, señaló que las personas en el vuelo enviado a El Salvador «no tuvieron ninguna oportunidad de refutar las pruebas del gobierno. Muchos dijeron que los acusaron falsamente de pertenecer al Tren de Aragua. ¡Una persona tenía una audiencia programada para mañana! No hubo ningún proceso debido».
Este sábado, la administración de Trump incurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual concede al presidente un gran poder para detectar y expulsar a inmigrantes no registrados, con el objetivo de agilizar las deportaciones de estos. Esta legislación está diseñada para ser invocada si EE.UU. está en guerra con otro país, o si una nación extranjera invade EE.UU. o amenaza con hacerlo.
