Evidencias sobre violencia opositora señalan responsabilidad de Guevara

Las evidencias recabas, con testimonios, entrevistas, investigaciones y denuncias sobre la violencia opositora, ejecutada entre abril y julio de este año, señalan "la responsabilidad de actores políticos en la promoción, en la generación de estos episodios de violencia", denunció este lunes el secretario ejecutivo de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Covejuspaz) y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.

Además, destacó, "un número importante de las denuncias, de los testimonios, señalan a funcionarios de elección popular como responsables de haber promovido, estimulado o generado la violencia, y varias de esas evidencia que ha recabado la Comisión señalan directamente al diputado Freddy Guevara de haber participado en la generación de todos estos episodios de violencia", subrayó en una exposición realizada en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Desde el Palacio Federal Legislativo, donde la instancia plenipotenciaria realiza una sesión extraordinaria a la que convocó a Guevara, tras la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de levantarle la inmunidad parlamentaria, Lavoe explicó que para las investigaciones correspondientes, estas evidencias y los insumos recabados por la Comisión han sido puestos a la orden del sistema de justicia y de la ANC.

Lavoe durante su exposición dio detalles del informe que hasta este momento maneja la Covejuspaz. Detalló que el mismo señala que fueron en total 4.439 acciones de violencia las que se ejecutaron entre abril y julio de este año, tras la activación del plan de la oposición venezolana contra la paz y estabilidad del país.

En ese periodo resultaron 121 personas fallecidas y 1.958 personas lesionadas, de las cuales 829 son funcionarios de los órganos de seguridad del Estado y de las cuales, a su vez, están 73 funcionarios heridos por arma de fuego, "lo que evidencia la violencia que se utilizó contra la fuerza pública".

"No eran piedras, no eran palos, eran armas de fuego las que se utilizaron contra las fuerzas públicas", detalló, al dar a conocer los avances de la Covejuspaz sobre esos hechos.

Asimismo, la violencia opositora generó ataques a 917 contra comercios y establecimientos privados, y 913 ataques contra instituciones públicas "destinadas a garantizar derecho a nuestra población: al menos 10 escuelas fueron atacadas y parcialmente destruidas durante esos hechos, incluyendo, por segunda vez, el maternal del Ministerio para la Vivienda y Hábitat (en Chacao)", cuando se encontraban en su interior 45 niños, 973 trabajadores (del maternal y del ministerio), tres mujeres embarazadas y un niño con discapacidad.

De igual manera fueron agredidos ocho centros de salud, uno de ellos es el caso del Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en El Valle, Caracas, donde se encontraban 54 niños, entre ellos 28 recién nacidos y seis neonatos que estaban en terapia intensiva, y que por seguridad fueron desalojados del lugar.

También dos centros de acopio de alimentos fueron quemados, 166 unidades de transporte destruidas, 12 estaciones del Metro de Caracas vandalizadas, 30 ataques al Sistema Eléctrico Nacional, y 300 contra órganos públicos. 

En dos meses y medios de funcionamiento de la Covejuspaz, ya se han entrevistado 178 víctimas directas e indirectas, de las cuales 71 son familiares de personas fallecidas, 85 lesionados y 22 personas que vieron afectados sus bienes.

Asimismo, jóvenes que fueron parte activa en la violencia ocurrida durante estos cuatro meses también han sido entrevistados. Son al menos 14, dijo Devoe.

Son "jóvenes que acudieron a la Comisión para contribuir, para contar la verdad, para que se haga justicia, atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro de abandonar la violencia y de sumarse ala construcción de paz en el país", recalcó.

Mencionó que en esas entrevistas "todos coinciden en que fueron contactados a través de amigos o a través, incluso, de familiares para incorporarse a actividades de generación de violencia, de alteración de orden público en el país. Todos son contestaron en decir que recibían un pago por participar en esas acciones de violencia", pago que rondaban entre los 50.000 y 60.000 al día.

El pago —agregó Lavoe— se incrementaba a 80.000 o 100.000 bolívares si la víctima resultaba herida.