En más de 675% aumentó el número de pensionados durante la Revolución
De 387.000 en 1999 a más de 3 millones, en la actualidad, aumentó el número de pensionados durante 18 años de Revolución Bolivariana, lo que representa un incremento de más de 675% y equivale a que 90% de la población adulta del país esté inscrita en el sistema de protección del Estado.
A pesar de que en 2016 Venezuela registró el piso más bajo en los precios del barril de petróleo -principal ingreso nacional- el presidente de la República, Nicolás Maduro, mantuvo el carácter retroactivo de las prestaciones sociales rescatado en 2012 con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), luego de que en 1996 fuera suprimido este beneficio.
En medio de esa coyuntura, el Ejecutivo también ha dado continuidad al pago de pensiones y mantiene la asignación de las mismas a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión En Amor Mayor, creada en 2011 para universalizar el derecho a una pensión.
Igualmente, otra de las reivindicaciones sociales logradas por la Revolución Bolivariana es la homologación de las pensiones al salario mínimo, por lo que actualmente esa importante población del país percibe 84.527,4 bolívares.
Ese monto incrementó el pasado 30 de abril cuando el jefe de Estado anunció un bono especial de protección de guerra económica de Bs 19.506, y tras el aumento de 60% del salario mínimo, que lo coloca en Bs 65.021
Los aumentos del ingreso mínimo mensual para trabajadores del país forman parte de una política sostenida del mandatario nacional que en su gestión ha decretado 15 incrementos, lo que totaliza 37 durante el proceso revolucionario.
Esto contrasta con la visión de "gasto público" que tenían gobiernos de la cuarta República sobre la cancelación de pensiones que hoy representa una de las poblaciones más protegidas por parte del Estado venezolano.
Así respondieron gobiernos de IV República
Un año antes de que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, resultara electo como Presidente de la República, el entonces ministro de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación (Cordiplan), Teorodo Petkoff, anunció la decisión del Estado de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales lo que afectó directamente la calidad de vida de los trabajadores venezolanos.
Petkoff achacó la medida neoliberal tomada contra la clase obrera a una crisis económica que atravesaba el país incluso desde los años 70.
"Se resuelve separar de la función aseguradora, que cumple actualmente el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, los servicios de atención médica. La red asistencial, patrimonio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hospitales y ambulatorios, pasará a formar parte del subsistema de salud y será administrada bajo diferentes modelos de gestión (…) Tan sólo se modifica el modo, como el citado beneficio se calcula, en virtud de que las transformaciones ocurridas en la economía del país han hecho inconveniente para los trabajadores, para los empleadores y para la sociedad en general la permanencia del vigente método cálculo", señaló Petkoff en aquel momento.
Esta medida económica, ejecutada en 1997 durante el segundo Gobierno del entonces presidente Rafael Caldera, condujo a movilizaciones por parte de personas de la tercera edad que pasaron meses sin cobrar su pensión.
Además, medios del país también informaron sobre los pronunciamientos que surgieron tras otras medidas, como el aumento de las tarifas del Metro de Caracas, de la electricidad y la propuesta del Gobierno de cobrar matrícula en universidades públicas del país.
Fue con la firma en 1997 de la Ley del Trabajo que el presidente Caldera dejó en manos del sector privado cualquier aumento salarial, lo que evidenció la poca participación que tenían los movimientos sindicales que desde un principio se negaron a la eliminación de los conceptos que conformaban el régimen de prestaciones sociales.
La aprobación de esta propuesta fue posible tras negociaciones entre Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Petkoff, en representación del Ejecutivo.
