Embajador de Venezuela denuncia violaciones a Derechos Humanos de migrantes en EE.UU. ante la Duma Estatal
En una reunión con el primer vicepresidente de la Duma Estatal, Iván Ivánovich Melnikov, el embajador de Venezuela en la República Federativa de Rusia, Jesús Rafael Salazar Velásquez, expuso una grave situación que afecta a cientos de connacionales en Estados Unidos. Durante su intervención, el diplomático presentó un análisis exhaustivo sobre cómo las políticas estadounidenses están impactando negativamente los Derechos Humanos de los migrantes venezolanos.
Salazar denunció la vigencia de la anacrónica Ley del Enemigo Extranjero de 1798, que ha sido utilizada por la administración de Donald Trump como justificación para violar los derechos fundamentales de los migrantes. Esta legislación permite a las autoridades estadounidenses acusar sin pruebas a los venezolanos de tener vínculos con organizaciones criminales, lo que pone de manifiesto una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos.
El embajador también criticó la postura de la oposición venezolana en Estados Unidos, que, respaldada por financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), intenta difundir un relato negativo sobre los migrantes. En este contexto, mencionó el caso del Tren de Aragua, una organización criminal que ha sido utilizada para estigmatizar a los venezolanos emigrantes.
Además, Salazar destacó el silencio mediático y la falta de respuesta por parte de organismos internacionales ante esta crisis humanitaria. Afirmó que la migración venezolana es consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y sus aliados, las cuales buscan provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
Entre las denuncias más alarmantes se encuentra el secuestro de 238 migrantes venezolanos por parte de las autoridades estadounidenses. Estos individuos han sido clasificados erróneamente como miembros de organizaciones criminales y deportados a El Salvador, donde enfrentan condiciones inhumanas en un campo conocido como «Centro de Confinamiento del Terrorismo» (CECOT), bajo un acuerdo entre el presidente Nayib Bukele y EE.UU.
