Diputados del PSUV presentarán hoy más pruebas de delitos en Amazonas (+Audio)
“La bancada adeco-burguesa de la oposición venezolana quiere legitimar un delito electoral. Pero esto no puede ser, ya se ha pronunciado el TSJ", dijo el Jefe de la Fracción de la bancada de la Patria en la AN
Este martes, a las 9:00 de la mañana , se ofrecerán a la opinión pública nacional e internacional nuevas pruebas contundentes sobre los delitos electorales cometidos en el estado Amazonas y otros espacios del país, que evidencian las trampas impulsadas por la derecha durante las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
“Las pruebas contundentes de delitos electorales que se cometieron en Amazonas. Estamos hablando de compra de votos, de tráfico de votos, que ponen en duda el proceso en esa entidad”, informó el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción de diputados de la bancada parlamentaria de la Patria en la Asamblea Nacional (AN), a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patriótico (GPP).
“El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una decisión por delitos electorales, por compra y tráfico de votos, donde hay pruebas contundentes. No son supuestos, no es que creemos que hicieron trampa, están las grabaciones de la secretaria de gobierno del estado Amazonas, donde ella misma confiesa y a confesión partes relevo de pruebas, como dicen los abogados. Y mañana (martes) presentaremos pruebas aún más contundentes de los delitos electorales”, expresó Héctor Rodríguez desde el Calvario, donde el PSUV realizaba un encuentro con el Presidente Nicolás Maduro sobre la agenda de trabajo.
“La bancada adeco-burguesa de la oposición venezolana quiere legitimar un delito electoral. Pero esto no puede ser, ya se ha pronunciado el tribunal”, dijo el joven diputado socialista sobre la sentencia del máximo tribunal de justicia declarando el desacato de la directiva a cargo de Ramos Allup y sentenciando la nulidad de todo acto aprobado o que se aprobare con la presencia espurea de los 3 ciudadanos juramentados como diputados por Amazonas.
En 2002 se respetó la sentencia "preñados de buenas intenciones"
Héctor Rodríguez recordó que en 2002, tras el golpe de Pedro Carmona Estanga y sus cómplices, cuando retiraron el cuadro de Bolívar en Miraflores y barrieron con la Constituicón y la democracia de un plumazo, el TSJ de la época declaró lugeo que los golpistas no habían dado un golpe de Estado, sino que “estaban preñados de buenas intenciones protegiendo al presidente”.
“Nosotros no estábamos de acuerdo con esa sentencia, pero era de un Poder Público y tuvimos que respetarla”, recordó el diputado. Posteriormente, en 2007, otra sentencia corrigió el adefesio jurídico.
Comentó que la mayoría circunstancial que se encuentra hoy en la AN es la misma oposición que fue partícipe de ese Golpe de Estado y todos los planes sediciosos y acciones desestabilizadoras posteriores. “Es la conducta golpista de la derecha venezolana”.
Destacó, además, que el comportamiento histórico de estas fracciones de la derecha asociado al golpismo nunca han reconocido el Consejo Nacional Electoral (CNE) sino solamente cuando los resultados no le son adversos, y no aceptan otra cosa que ganar.
Directiva adeco-burguesa pretende irrespetar al resto de los Poderes:
Comentó como positiva la actual decisión del TSJ, como Poder Público Nacional, contra los diputados juramentados ilegalmente. “Se lo advertimos a los diputados del bloque adeco-burgués que dirige la AN, que estaban irrespetando una decisión de un poder política y constitucionalmente constituido”.
“Ojalá la directiva de este parlamento adeco-burgués rectifique su posición. Está obligada a acatar las decisiones del TSJ”, expresó, aunque lamentó que el órgano legislativo sigue anunciando que está facultado para evaluar las decisiones judiciales aún cuando no es su competencia constitucional.
Advirtió que las declaraciones recurrentes y altisonantes del presidente de la AN, el diputado adeco Ramos Allup, han sido las de desconocer impunemente a las instituciones y amenazar con derrocar al Presidente Maduro “en seis meses”.
“Si el diputado Ramos Allup dice eso, quiere decir que los Poderes Públicos no están obligados a respetar al Poder Legislativo”, acotó, apelando a la lógica reciprocidad.
