Denuncian que Provea amenaza a funcionarios para que no voten en la Constituyente
María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), lamentó que una ONG venezolana de derechos humanos se preste para asediar a integrantes de la comunidad de electores, y atentar contra el derecho al sufragio.
La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, denunció las “deplorables y violentas” amenazas expresadas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contra los funcionarios públicos que desean participar en el proceso de votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Desde la mañana de este miércoles 12 de julio, Provea ha emitido una serie de mensajes en los que conmina a los funcionarios públicos a abstenerse de participar en el proceso de votación de la Constituyente. “Reiteramos que todo aquel funcionario que participe en irregular proceso Constituyente, puede ser sancionado a futuro por art. 25 CRBV” —intimidó Provea, y advirtió—: “Si eres trabajador del CNE te invitamos a que leas art. 25 CRBV, y que tomes una decisión sobre tu involucramiento en ANC”.
Según Russián, “la campaña de terror y asedio emprendida por Provea, a través de las redes sociales, contra las funcionarias y funcionarios públicos menoscaba los derechos humanos y la democracia. Al generar ese ataque psicológico, Provea vulnera el derecho que tienen los funcionarios a votar”.
La presidenta de Fundalatin cuestionó que una organización no gubernamental de derechos humanos, como Provea, se preste para atacar a integrantes de la comunidad de electores, y busque impedir que los funcionarios participen en el proceso democrático.
“El derecho al sufragio está garantizado en la Constitución y en las leyes venezolanas. Al ejercer este derecho, no se incurre en ningún tipo de responsabilidad penal. Las afirmaciones que hace Provea no tienen ningún fundamento legal, ni ético, sentenció la activista de derechos humanos.
“Provea impone el terror con la intimidación. Decir que todo funcionario que participe “puede ser sancionado a futuro’ es un mecanismo de coerción psicológica que pretende ahogar el espacio público, y generar un efecto disuasivo para que la gente no ejerza su derecho el próximo 30 de julio”, condenó.
Russián le recordó a Provea que nadie le debe impedir a los electores ejercer su derecho al voto: “Invitamos a Provea a releer el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se establece que ‘toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país’, y que la voluntad del pueblo debe expresarse ‘mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto’. El voto es una conquista social”.
Russián pidió a Provea “no usar los derechos humanos a su conveniencia o, más grave aún, para fines partidistas. Como organización no estatal de derechos humanos, su deber es colaborar para que haya espacios de paz y convivencia. Una ONG no está para sembrar miedo”.
“Si ellos (Provea) sienten que la ANC es ilegal, pueden formular sus denuncias y cuestionamientos; para eso, están los mecanismos constitucionales y los organismos competentes”, declaró Russián.
Agregó, además, que Fundalatin es una organización de derechos humanos con amplia trayectoria en Venezuela y América Latina. “Nosotros llevamos 39 años de acompañamiento a las comunidades. Fundalatin goza de un estatus consultivo en la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el año 2015, y es parte de las organizaciones de la sociedad civil en la OEA. Portamos el premio Constructores de Paz de la ONU. Es, justamente, esa experiencia y esa responsabilidad la que nos mueve a denunciar estas acciones de Provea”, señaló.
