Declaraciones de Procurador colombiano desvirtúan realidad de la frontera

El viceprocurador de la República, Reinaldo Muñoz, rechazó este sábado las declaraciones del Procurador colombiano, Alejandro Ordoñez, quien dijo que denunciaría al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la supuesta comisión de lo que calificó como delitos de lesa humanidad, tras el cierre de la zona fronteriza con Colombia, situada en el estado Táchira.

“En cuanto a la insólita amenaza del Sr Ordoñez, de llevar al Gobierno venezolano ante la CPI, es importante aclarar que es un exabrupto calificar la situación actual de la frontera colombo-venezolana como crímenes de lesa humanidad, e imputarlos a una entidad pública, sin que medie la debida investigación o enjuiciamiento de tales hechos, acaecidos en territorio venezolano”, señaló Muñoz.

“Los hechos que ocurren en la frontera entre Colombia y Venezuela no constituyen violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el Comité tiene competencia para recibir las alegadas denuncias del Sr. Ordoñez pues, ni Venezuela ha declarado tal competencia, ni el Estado colombiano ha agotado todos los recursos internos disponibles en el estado venezolano”, agregó el Viceprocurador.

Además, explicó que la CPI “no tiene competencia sobre Estados, sino sobre personas naturales, previa comprobación de que los mismos son autores u ordenaron tales crímenes, y eso no ocurre sobre la base de noticias tendenciosas o señalamientos de contenido político”.

Reiteró que el Gobierno Nacional ha actuado ajustado a su marco legal en el accionar referido a las personas que permanecían de manera ilegal en Venezuela.

“La expulsión de Venezuela de aquellas personas que no se encuentren en situación migratoria legal, es un derecho soberano del Estado en el marco de medidas migratorias correspondientes de acuerdo a su legislación interna. Similar situación atañe a los extranjeros que cometan delitos en el territorio nacional”, expresó, al tiempo que denunció que el Procurador Ordoñez busca tergiversar la acción que el Gobierno venezolano ha desarrollado en la frontera.

“Las infundadas declaraciones del Sr. Ordoñez constituyen una errada y malintencionada interpretación del derecho internacional que intentan desvirtuar la verdadera situación que se vive en la frontera, donde el Gobierno Bolivariano ha dado sobradas muestras de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando el orden social, económico, político, la seguridad nacional y la paz en estas zonas fronterizas”, subrayó.

Las declaraciones del Procurador colombiano, añadió, “contradicen las de diversos mandatarios y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del mundo, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos y las de la propia canciller de su país, reconociendo que “el cierre de la frontera por parte de Venezuela corresponde a una decisión soberana de ese país”.

Igualmente destacó el carácter de respeto y hermandad que el Gobierno de Venezuela mantiene con el pueblo colombiano y reiteró el compromiso del Estado por conservar el orden de la nación.

”El gobierno Bolivariano no solo tiene el derecho sino la obligación de arbitrar los medios legales a su alcance para garantizar el orden social, económico y político, que afecten la seguridad de la Nación. Ello de ninguna manera implica ninguna actitud contra el hermano pueblo colombiano sino, por el contrario, constituye una persecución sistemática contra el delito y la ilegalidad en el territorio nacional”.

“Tal como ha sido manifestado en todo momento por el Sr. Presidente Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus órganos de gobierno, garantiza a todo ciudadano la defensa de todos sus derechos, reiterando su compromiso total con la protección de los derechos humanos y la democracia, en los términos previstos en su Constitución de 1999”, recalcó.

En oposición, recordó que los ciudadanos colombianos que habitan en la frontera son víctimas de grupos irregulares, que constantemente violan sus derechos humanos, situación que no recibe respuesta del Gobierno colombiano.

“Los ciudadanos colombianos que habitan la frontera venezolana son sometidos sistemáticamente a crímenes de lesa humanidad por parte de grupos irregulares: asesinatos, exterminio, esclavitud, secuestro, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y persecución”, demandó.

Colombianos víctimas del paramilitarismo

El viceprocurador Muñoz señaló que, según datos de la Oficina de la Organización de Fiscalía General de Colombia, las prácticas paramilitares han producido más de 50 mil masacres, 3 mil homicidios y la desaparición forzada de 4 mil personas, así como 12 mil desplazamientos forzosos, más de 2 mil secuestros y el reclutamiento ilícito de al menos mil 700 personas.

“La Procuraduría de Colombia debe avocarse a identificar a los funcionarios responsables del abandono de los desplazados que migraron por miles a territorio venezolano, de los cuales un 18% fueron producto de la desmovilización de grupos armados (…) Estas son estadísticas que deben mantener ocupado al Sr. Procurador de Colombia”, sentenció Muñoz.