Contralor denuncia que Luisa Ortega Díaz entorpece control fiscal al MP
Como parte de las atribuciones y obligaciones que ordena la Constitución, la Ley de Controlaría General y el Sistema Nacional Control Fiscal y su reglamento, el Contralor activó el 3 de julio medidas de control fiscal al MP, con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones de este ente
El contralor general de la República, Manuel Galindo, denunció este lunes que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, entorpece las medidas de control fiscal que inició la Contraloría al Ministerio Público (MP), en conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas.
"La Contraloría General de la República, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales ha iniciado una actuación fiscal en el Ministerio Público, a las 23 fiscalías superiores a nivel estadal, al igual que entes descentralizados o fundaciones adscritas al Ministerio Público, lo cual la fiscal ha entorpecido", expresó Galindo en una transmisión de Venezolana de Televisión.
Este comportamiento "trae como consecuencia un procedimiento de multa, el cual será notificado a la ciudadana y demás integrantes del Ministerio Público en los próximos días".
Galindo informó que en primer lugar se levantará una citación a Luisa Ortega Díaz, posteriormente se notificará por cartel. "Una vez notificada por cartel, se le da 15 días para que se tenga como notificada, ahí comienza el procedimiento que da (el artículo) 49" de la Constitución de la República.
Como parte de las atribuciones y obligaciones que ordena la Constitución, la Ley de Controlaría General y el Sistema Nacional Control Fiscal y su reglamento, el Contralor activó el 3 de julio medidas de control fiscal al MP, con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones de este ente.
Galindo realizó este lunes— en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas —junto con el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, la prueba del polígrafo que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia como parte del proceso de posible antejucio de merito que solicitó el diputado a la Asamblea Nacional Pedro Carreño contra la Fiscal General.
"Hemos acatado una orden judicial emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nos obliga, dentro del Estado de Derecho, a someternos a todas la pruebas que bien tenga declarado el Tribunal para esclarecer la verdad", enfatizó.
