Comité de Víctimas de la Guarimba: TSJ debe rechazar aprobación de Ley de Amnistía (+ Audio)
Por su parte, Desireé Cabrera, del Comité de Víctimas de la Guarimba, señaló que la ley de amnistía "pretende frenar todos los procesos que se están llevando a cabo de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos los hechos de violencia y darle libertad a quienes han sido condenados"
La Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de Abril de 2002 (Asovic) y del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado mantendrán su trabajo conjunto por la justicia y l paz en momentos que la mayoría de derecha en el parlamento aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que permitiría salir en libertad a los responsables del plan "La Salida" que dejó 43 personas fallecidas en 2014.
En ese sentido ambas organizaciones representadas por Yesenia Fuentes y Desiré Cabrera, respectivamente, exigieron este jueves a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechace la aprobación de la Ley de Amnistía propuesta por la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN).
Durante entrevista al programa El Desayuno por Venezolana de Televisión (VTV), Fuentes representante de Asovic, precisó que la derecha ultrosa desde la Asamblea "llena de sangre" la Constitución de la República, al violar lo que reza el artículo 29, aprobando la referida ley. Fuentes y Cabrera reiteraron que el TSj está facultado para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Vale decir que el artículo 29 establece que "los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles" y además "quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía".
Fuentes hizo énfasis al señalar que en el caso del 11 de abril de 2002, los incursos en violación de derechos humanos graves y gravísimos no optan a ningún beneficio.
“Los responsables de delitos graves contra los derechos humanos no pueden ser beneficiarios de la ley, sin embargo, en la Asamblea figura la esposa de Lázaro Forero (Diputada- MUD, Yajaira Forero) y ella va a a luchar para que el comisario sea beneficiado”, dijo Fuentes.
Fuentes comentó que el presidente Hugo Chávez el 31 de diciembre de 2007, indultó a los responsables del golpe de Estado de 2002, exceptuando a los que estaban sentenciado por delitos de violación a derechos humanos.
En esta circunstancia los funcionarios de la antigua Policía Metropolitana , responsables de la masacre de Puente Llaguno en pleno golpe de Estado de 2002, no fueron beneficiados por el indulto presidencial.
Por su parte, Desireé Cabrera, del Comité de Víctimas de la Guarimba, señaló que la ley de amnistía "pretende frenar todos los procesos que se están llevando a cabo de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos los hechos de violencia y darle libertad a quienes han sido condenados".
"Estamos hablando, incluso, de los diputados que hoy tienen inmunidad parlamentaria y promovieron ‘La Salida’ -plan insurreccional de Leopoldo López– y todas las personas incursas en delitos como sicariatos campesinos, sabotaje petrolero y los banqueros prófugos".
En contexto
En la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de este jueves, la mayoría parlamentaria de derecha discutió su proyecto de ley de amnistía que incluye liberar a Leopoldo López, sentenciado a trece años, nueve meses y siete días de prisión, tras haber sido declarado culpable por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir tras promover las guarimbas, durante el primer semestre de 2014.
Los hechos violentos durante la guarimba opositora dejaron un saldo de 43 personas asesinadas, más de 800 heridos y daños materiales de 10.000 millones de dólares, debido a la quema de centros de salud, universidades y casas de estudios, unidades de transporte público y centros de distribución de alimentos.
La referida Ley de Amnistía pretende librar de responsabilidad a Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, quienes fueron imputados por la justicia venezolana de participar en planes y acciones desestabilizadoras para derrocar el gobierno constitucional y elegido mayoritariamente por el pueblo.
