Comisión de la Verdad reafirma su compromiso con la reconciliación y la paz del país
La reconciliación nacional y la convivencia pacífica han sido temas fundamentales en el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro; por ello, el 8 de agosto de 2017 se aprobó la creación de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instancia que tiene ahora la tarea de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional.
La comisión está integrada por Delcy Rodríguez, quien es la presidenta; el sacerdote José Numa Molina, Tarek William Saab, fiscal general; Alfredo Ruíz, defensor del Pueblo; María Rusián, integrante de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), y Soraya El Achkar.
Asimismo, están Luis Durán, Ailin García y Édgar Márquez, de la organización de víctimas y familiares, así como Larry Devoe, que lleva la secretaría ejecutiva de la instancia.
De acuerdo con la ley constitucional que rige el funcionamiento del órgano, también se incluyen tres integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y tres diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Los miembros de la comisión tienen dentro de sus atribuciones la investigación con prioridad para el acceso a archivos o registros, por lo que puede hacer copias simples o certificadas de documentos confidenciales y secretos.
Además, podrán hacer entrevistas, visitas e inspecciones o cualquier otra diligencia que resulte conveniente para el cumplimiento de su mandato.
Igualmente, tienen las potestad de presentar a la ANC las propuestas para las medidas de indulto o amnistía para las personas responsables de los hechos sometidos a investigación. También, podrán solicitar a los organismos competentes, la adopción de medidas de prevención y seguridad para el desempeño de su labor, así como para la protección de las víctimas y declarantes.
Avances por la paz
Esta comisión ya ha presentado avances tales como el informe con la caracterización de la violencia política ocurrida desde el 3 de marzo hasta el 30 de julio de 2017. El documento contiene información sobre las razones que motivaron las acciones ese año, sobre los protagonistas y promotores, y también sobre los victimarios y víctimas.
En esa línea en diciembre del mismo año presentó un informe con medidas alternativas a la privación de libertad a 80 personas que se encontraban detenidas o condenadas por su participación en eventos violentos ocurridos entre 2014 y 2017, tanto en la jurisdicción civil como militar. El eje central de las recomendaciones giró en torno a la reparación de las víctimas y que el país conozca la verdad sobre estos hechos, por lo que se contemplan trabajos comunitarios para las personas condenadas, como una forma de compensación.
Además, se puso en funcionamiento el Fondo para la Reparación a las Víctimas, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, en el cual hasta diciembre de 2017 se habían atendido a 502 personas, entre víctimas directas y familiares de víctimas fatales, prestándoles un apoyo que va desde lo socioeconómico a lo psicológico; además, se brinda asistencia jurídica para el seguimiento del proceso de justicia penal.
Nueve meses después de la activación de la instancia, el presidente Maduro exhortó a esta comisión a revisar mecanismos para avanzar en el reencuentro entre todos los venezolanos y consolidar un gobierno de reconciliación nacional.
Esto incluye un conjunto de medidas "para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas, que puedan ser beneficiados", dijo el jefe de Estado durante su proclamación como Presidente electo para el periodo 2019-2025.
