Asesinos de Alberto Lovera claman hipócritamente por defensa de los DDHH
Este 28 de octubre se cumplieron 51 años de la desaparición y asesinato del profesor Alberto Lovera, un dirigente político que se encaminó por la lucha social en favor de la dignificación de la clase obrera; fue "uno de los crímenes políticos más oprobiosos cometidos en el país", rememoró este domingo el periodista y defensor de los derechos humanos José Vicente Rangel.
Rangel fue quien entonces, siendo diputado, denunció formalmente el caso Lovera ante el Parlamento, el 7 de marzo de 1966, lo que permitió la designación de una Comisión Especial para la investigación.
El 18 de octubre de 1965 el dirigente socialista se encontraba en la Plaza Las Tres Gracias, en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, cuando fue capturado por elementos de la policía política denominada Dirección General de Policía (Digepol) —dirigida por el ministro de Relaciones Interiores del Gobierno de Raúl Leoni, Gonzalo Barrios— quienes lo mantuvieron secuestrado y torturado durante ocho días.
Luego de su secuestro, el 25 de octubre unos pescadores consiguieron su cuerpo atascado en la red de pesca en las costas de Lechería, estado Anzoátegui, amarrado a un pico con una cadena con candados y su cara y manos destrozadas para que fuera irreconocible en caso de ser hallado.
"El terrorismo de Estado practicado en la etapa del puntofijismo consumó el crimen. Sus organismos de seguridad detuvieron al luchador social, lo torturaron salvajemente para que delatara a sus compañeros y como fracasaron en el intento, porque no pudieron vencer la dignidad de su silencio, lo asesinaron y lanzaron su cadáver al mar en el oriente del país", relató Rangel.
"Este crimen no se borra de la memoria colectiva y marcó para siempre a sus autores intelectuales y materiales, los mismos que hoy claman, hipócritamente, por la defensa de los derechos humanos", subrayó el periodista.
Lovera fue uno de los 3.000 venezolanos pertenecientes a las clases populares que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado que caracterizó a los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, enfocado directamente en aquellas figuras que representaban una amenaza por su capacidad de movilización y convocatoria política.
