Asamblea Nacional sancionó la Ley de Estafa Inmobiliaria

Por su parte, el parlamentario del Gran Polo Patriótico (GPP), Haiman El Troudi, destacó que la Revolución Bolivariana ha demostrado que los hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela le pertenecen a los venezolanos que han sido atendidos por esta política habitaciona

Con la aprobación en segunda discusión de la Ley de Estafa Inmobiliaria promovida por el partido Primero Justicia a fin de privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora ratificó ayer su visión mercantilista del derecho a un hogar digno que tiene el pueblo venezolano, garantizado por esta política social de la Revolución Bolivariana.

La afirmación fue realizada por el jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, luego del debate de los 27 artículos y disposiciones finales de este instrumento jurídico denominado “Ley de Otorgamiento de Título de Propiedad a Beneficiarios de la GMVV”, que se llevó a efecto en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas.

Durante la sesión ordinaria, el diputado socialista lamentó que la derecha venezolana en el Parlamento disfrace el verdadero interés de esta ley, que no es precisamente favorecer a las familias venezolanas, sino limitar la continuidad de esta política habitacional que adelanta el Gobierno Nacional desde el año 2011, además de responder a los intereses del sector inmobiliario privado.

“Vemos cómo, una vez más, la oposición venezolana se contradice. Después de varios años diciendo que la Misión Vivienda no existe, que es una maqueta, después de que llevan años negándole el crédito a la GMVV, ahora quieren venir a engañar al pueblo con esta ley que quiere privatizar el derecho a la vivienda, que quiere privar el valor de uso y darle un valor de mercado a los terrenos de la GMVV”, condenó.

Asimismo Rodríguez denunció que la ley estafa “pone en riesgo el derecho sagrado a ese millón de familias que Hugo Chávez y Nicolás Maduro le han entregado sus viviendas, y también pone en riesgo a esas dos millones a las que les vamos a construir los dos millones de viviendas”.

Por su parte, el parlamentario del Gran Polo Patriótico (GPP), Haiman El Troudi, destacó que la Revolución Bolivariana ha demostrado que los hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela le pertenecen a los venezolanos que han sido atendidos por esta política habitacional creada por el Comandante Chávez para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Refirió que “el 15% de los beneficiarios ya gozan de su título de propiedad, y el otro porcentaje está en proceso de pago de sus viviendas, una vez que concluyan el pago obtendrán su titularidad”.

Para hacer frente a las acusaciones de algunos diputados de derecha que intentaron negar el millón de casas edificadas por el Ejecutivo en todo el territorio nacional, El Troudi propuso crear una comisión parlamentaria “que vaya caso por caso revisando las familias que ya llevan adelantado su proceso de protocolización de titularidad de las viviendas. (…) Hay leyes para verificar eso, aunque ustedes (la bancada opositora) se empeñen en ponerlo en duda”, dijo.

DISPOSICIÓN MERCANTILISTA

Una de los puntos de la norma, que formuló el promotor más enérgico de la ley estafa, el diputado Julio Borges, refiere una supuesta “condonación” para los beneficiarios de la GMVV.

Durante el debate, el diputado por el Bloque de la Patria Elías Jaua replicó dicha propuesta y dejó en evidencia, una vez más, la vocación capitalista y neoliberal de la derecha al solicitar que se incluyera en la disposición de Borges “a todos los deudores hipotecarios de la banca privada para que también sean exonerados de la deuda que tienen con su crédito inmobiliario, basado en el principio de igualdad constitucional”.

“Con esto le damos los mismos derechos tanto a los deudores de la banca privada como a los de la banca pública, de ser objeto de una medida de condonación de toda la deuda, así como la entrega inmediata de sus títulos de propiedad”, agregó Jaua durante su intervención.

No obstante, el planteamiento formulado por el diputado en nombre de la bancada revolucionaria fue categóricamente rechazado por la oposición por contravenir los intereses del sector inmobiliario privado, que es respaldado por la derecha nacional.

“La tierra es un derecho, no es una mercancía”, fue la consigna entonada por los parlamentarios socialistas en respuesta a los ataques de la bancada opositora, que al ver concretada su intención privatizadora, asumieron una postura grosera e irrespetuosa desde sus curules.

APROBADA REFORMA DEL TSJ

Durante la maratónica sesión ordinaria de ayer, la mayoría parlamentaria de derecha también sancionó, en segunda discusión, la Reforma a Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este instrumento jurídico será remitido al presidente de la República para que le dé el ejecútese con su publicación en Gaceta Oficial o lo envíe a la Sala Constitucional del máximo tribunal de la nación para que determine su validez.

Asimismo, los parlamentarios decidieron diferir la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Referendos. Se convocó a sesión para el próximo martes 12 de abril a las 2:30 de la tarde.

Contralor: el Estado lucha contra la corrupción

El Estado venezolano ha emprendido una lucha incansable y sistemática para combatir la corrupción, recalcó ayer el contralor general de la República, Manuel Galindo, durante la presentación de su informe de gestión 2015 ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), reseñó AVN.

En su discurso, el contralor dio un balance de la lucha contra la corrupción que se dio el año pasado desde el máximo órgano de control fiscal. Precisó que el organismo se orientó a implementar nuevos modelos contra la corrupción, mediante la prevención, formación y capacitación de servidores públicos y ciudadanos organizados.

Galindo dijo que se realizaron 247 actividades en las que fueron capacitados 6.026 ciudadanos, entre servidores públicos y representantes del Poder Popular. Además, en conjunto con el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, se firmó un convenio interinstitucional y se formó el proyecto nacional denominado La Participación Ciudadana a través del control social, con el que se formó a 215 funcionarios públicos.

Señaló que se implementaron programas relacionados con el resguardo del patrimonio público, como la Contraloría va a la escuela y El Abuelo Contralor. También se lograron concluir 276 actuaciones entre auditorías, exámenes de cuenta, consultas escritas, análisis y potestad investigadora.