TSJ ratifica legalidad de cierre de estaciones del Metro durante protestas
Además declaró inadmisible una demanda interpuesta por un grupo de abogados contra el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) ratificó la legalidad del cierre de algunas estaciones del Metro de Caracas que realiza esta estadal de transporte subterráneo durante las protestas opositoras, en resguardo a los usuarios y personal de la compañía.
El máximo tribunal del país declaró inadmisible una demanda interpuesta por un grupo de abogados contra el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, que solicitaba que se permitiera la circulación de los manifestantes opositores por esta importante red.
La decisión "responde al resguardo que merecen los bienes e instalaciones del Sistema Metro de Caracas utilizado por más de dos millones de personas al día, ante las múltiples agresiones que, de toda índole, ha sufrido la red de transporte masivo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, durante las manifestaciones de un sector de la población que no conforma el universo de usuarios que hace vida en los medios de transporte urbano y subterráneo; hechos que han sido públicos notorios y comunicacionales", cita la nota de prensa del TSJ.
La Sala añadió que la demanda "versa sobre un reclamo del servicio público, cuya pretensión solo puede ser satisfecha ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción de prestación de servicios públicos, y no a través de una demanda por intereses colectivos y difusos, razón por la cual se declaró su inadmisibilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".
La sentencia ordena, demás, a la Secretaría de la Sala notificar al Procurador de la República "para que cuantifique, en forma cierta, los daños ocasionados a los bienes del Estado pertenecientes al Metro de Caracas, así como en otros medios de transporte de la República, y, dentro de su autonomía, actúe ante los órganos respectivos y se establezcan las responsabilidades civiles y administrativas derivadas de esos daños, a objeto de no dejar impune el resarcimiento pecuniario de los daños a bienes del Estado Venezolano".
Desde principios de abril, sectores más radicales de la oposición han convocado a manifestaciones de calle que terminan con la activación de escuadras violentas y vandálicas que han arremetido contra instalaciones públicas y privadas, tales como ataques a las estaciones del Metro de Caracas y unidades de Metrobus, así como contra el personal que laboral en esta compañía.
