Bancos y empresas gringas impulsan sanciones contra Venezuela

Los medios corporativos y sus antenas repetidoras a nivel local (La Patilla, El Nacional, etc.) hacen un impresionante esfuerzo por hacer ver que las sanciones contra altos funcionarios del Gobierno venezolano no tienen como objetivo afectar al país. Sin embargo, cuando se realiza una breve revisión de las figuras que han sido sancionadas y que sin lugar a dudas mantendrán dicho estatus en esta nueva ronda de agresiones, nos encontramos con importantes cuadros del chavismo como Henry Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo, miembros del alto mando militar como el General Antonio Benavides, jefe de la REDI Guayana y pilares del aparato de seguridad del Estado, el general Gustavo González López, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

 

Justo cuando los actores políticos del Comando Sur en Venezuela, la MUD elevan el perfil de la Asamblea Nacional con el único objetivo de desconocer a las legítimas autoridades del Estado venezolano y por elevación a sus principales dirigentes, aparece una nueva ronda de sanciones para brindar todos los apoyos jurídicos, políticos y diplomáticos necesarios para promover un aislamiento entre el chavismo y sus dirigentes: factor indispensable para que la maniobra del revocatorio pueda adquirir el chucuto y falseado matiz de la unidad nacional.

 

Una nueva incursión tan abierta dentro del escenario político nacional por parte del gobierno de Estados Unidos y su aparataje de política exterior sólo tiene un objetivo a corto plazo: incrementar el escenario de inestabilidad política a favor de la mediocre casta política opositora. Porque así como el Decreto Obama es el soporte legal para que a Venezuela le sean embargados bienes petroleros de Pdvsa en Estados Unidos, las sanciones del Congreso de Estados Unidos son también el soporte para blindar y legitimar cualquier acción violenta en la calle promovida por los actores de la MUD.

 

La necesidad de aplicar la Carta Democrática de la OEA en contra de Venezuela, planificada por el Comando Sur de Estados Unidos en llave con Luis Almagro según la Operación Freedom-2, funciona en sí misma como una báscula para calibrar la ofensiva diplomática que desde la OEA se articula en torno a Venezuela.

 

Es falso que los principales promotores de este proyecto de sanciones como el senador Marco Rubio, representante Paul Ryan, representante Ed Royce y senador Bob Menéndez, quieran aplicarlo por su preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Porque si así fuera, entonces Hillary Clinton, John McCain y la embajadora gringa ante la ONU, Samantha Power, ya tendrían 350 cadenas perpetuas y un pase libre a la silla eléctrica por el apoyo abierto al Estado Islámico, por la invasión a Libia y por la guerra poco civil que ya ha cobrado más de 200 mil muertos en Siria.

 

Detrás de cada político estadounidense que impulsa este proyecto de sanciones no están sus buenas intenciones, sino los grandes grupos empresariales e importantes bancos que pagan sus campañas electorales para que, una vez encaramados en el poder, hagan cumplir sus objetivos estratégicos: en este caso, abrir todas las opciones y posibilidades para destituir al chavismo del poder por vía del asedio internacional.