AN aprueba Ley para Garantizar Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería
El Parlamento venezolano aprobó la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio, un instrumento de 15 artículos diseñado para sancionar actos ilícitos externos y proteger la soberanía económica en aguas internacionales

La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales. Tras culminar la segunda discusión de sus 15 artículos en sesión extraordinaria, la normativa quedó aprobada, estableciendo responsabilidades penales y civiles para personas naturales, jurídicas y extranjeros que participen en los delitos tipificados en el texto.
El instrumento legal fue remitido al Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, para su respectiva promulgación. El objetivo central de esta norma es robustecer la defensa de la soberanía y blindar el intercambio comercial frente a agresiones externas que pretendan vulnerar los intereses estratégicos de la nación.
Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, resaltó que esta pieza representa la ley número 100 aprobada en el actual ciclo legislativo. El máximo representante del Legislativo aseguró que el proceso cumplió estrictamente con los preceptos constitucionales, consolidando un cuerpo colegiado comprometido con la estabilidad y la paz del país.
Jurisdicción venezolana en aguas internacionales
Por su parte, el diputado Óscar Ronderos calificó la ley como un avance inédito en materia de seguridad jurídica, señalando que la norma busca ratificar la jurisdicción del Estado venezolano tanto en aguas territoriales como en escenarios internacionales. Según el legislador, la prioridad es garantizar la independencia operativa de la flota nacional frente a cualquier intento de asedio.
El proyecto fue articulado por una comisión mixta que integró las áreas de Política Interior, Política Exterior, Economía, Finanzas, Seguridad y Defensa. Asimismo, el proceso de consulta contó con la participación activa de representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la Procuraduría General de la República, quienes ratificaron la urgencia de dotar al país de este marco legal.
Finalmente, tras incorporar modificaciones de forma, el informe fue presentado y avalado con carácter de urgencia. La aprobación unánime de la Cámara subraya el consenso político sobre la necesidad de proteger las rutas comerciales y la navegación ante las crecientes amenazas y bloqueos en el sistema internacional.


