ACNUDH ha tomado el camino de demostar la democracia en Venezuela
El embajador Jorge Valero, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, respondió a la declaración emitida este miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Valero calificó de "patético" el informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual demuestra que han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela.
A continuación la declaración del diplomático:
DECLARACIÓN DEL EMBAJADOR JORGE VALERO REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA
Ginebra, 30 de agosto de 2017
El informe publicado el día de hoy por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), es una patética demostración de que esa Oficina y, especialmente, el propio Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela.
Tan infundado informe ha sido elaborado sin mandato alguno. No ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos intergubernamentales competentes de la ONU.
El Alto Comisionado alega un supuesto “mandato universal” para producir unilateralmente este informe. Y esto no deja de ser un muy grave precedente.
Llama la atención que antes de concluirse y publicarse, el Alto Comisionado emitió un comunicado aludiendo a sus conclusiones.
No es la primera vez que la Oficina del ACNUDH se comporta como una de las tantas ONGs financiadas por intereses inconfesables, para satanizar -en nombre de los derechos humanos- a gobiernos y pueblos soberanos.
El informe se publica, precisamente, en momentos en que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con invadir militarmente a Venezuela, e instrumenta un paquete de medidas coercitivas unilaterales para asfixiar la economía venezolana. En momentos en que el gobierno de los Estados Unidos también aplica sanciones en contra de altas autoridades venezolanas, incluido el Presidente Nicolás Maduro Moros.
Es fácil concluir que la Oficina del Alto Comisionado y su titular se suman a la campaña intervencionista foránea, que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la Patria de Bolívar.
No es casual que el documento pida exactamente lo mismo que pide el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados internacionales y domésticos: adoptar medidas en contra de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos.
El objetivo es evidente; desprestigiar la democracia venezolana y desmeritar la irreductible determinación del gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros de garantizar -en forma plena- el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado está plagado de mentiras. Utiliza fuentes sesgadas; reproduce información de organismos fantasmas, de ONGs financiadas por instancias del gobierno norteamericano y órganos de seguridad.
Asume, como cierta, información incrustada en medios de comunicación nacionales e internacionales, que han glorificado, en vez de condenar, las prácticas fascistas y violentistas que sectores de la oposición venezolana han ejecutado, buscando destruir el orden democrático y perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano.
El informe de marras, que, según la Oficina del Alto Comisionado fue elaborado “…en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, hace una narrativa falsa y manipuladora de lo que realmente ocurrió en ese período.
Atribuye a cuerpos de seguridad del Estado asesinatos cometidos, más bien, por los violentos y terroristas de la oposición. Exagera el número de víctimas que padecieron la violencia.
El informe oculta casos puntuales, muy pocos por cierto, en los cuales agentes del Estado incurrieron en violaciones de derechos humanos, pero que fueron de inmediato sometidos al imperio de la ley.
Necesario es puntualizar que el Estado -motu proprio- activó las respuestas jurídicas pertinentes para llevar a la justicia a estos infractores. Lo cual demuestra –
El manipulado informe esconde sospechosamente o minimiza horrendos crímenes cometidos durante ese período.
Grupos fascistas quemaron a seres humanos vivos, cual teas humanas; practicaron abominables linchamientos. Asesinaron a once (11) miembros de las fuerzas de seguridad. Asaltaron establecimientos militares. Destruyeron bienes públicos y privados. Promovieron a través de medios digitales (Twitter, Facebook), gritos de guerra y celebraron la muerte de compatriotas. Lanzaron excrementos humanos en contra de agentes del orden público, con el propósito de mancillar su dignidad y generar así una respuesta violenta de éstos que provocara un baño de sangre, y justificara una intervención militar foránea.
Por fortuna estos servidores públicos mantuvieron una estoica y digna conducta observando un estricto respeto a los derechos humanos.
Los grupos de la oposición que practicaron la violencia y el terrorismo secuestraron, en sus casas, a poblaciones enteras de venezolanos y venezolanas de la clase media. Bloquearon calles de sus urbanizaciones, llegando inclusive a agredir -y hasta asesinar- a quienes intentaban franquear esas ilegales barricadas, para ir a sus trabajos, escuelas, automercados, o centros de salud.
Para el Alto Comisionado y su Oficina, a pesar de las ingentes, irrefutables, y fidedignas pruebas aportadas por el gobierno venezolano, tales crímenes no existieron.
Tales grupos también intentaron impedir, mediante la violencia y el terror, que el pueblo venezolano ejerciera su derecho a elegir, a través del voto universal, directo y secreto, la Asamblea Nacional Constituyente.
Empero, el pueblo venezolano dio una heroica y democrática respuesta. Después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente regresó la tranquilidad pública perturbada por los violentos y terroristas. Con la Constituyente triunfó la paz.
Hoy Venezuela transita, a paso firme, por el camino de la paz y el dialogo político. La Constituyente, que es la expresión más genuina del ejercicio del poder originario del pueblo venezolano, ha obligado a sectores opositores a recurrir al camino electoral.
El gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha saludado que sectores de la oposición hayan inscrito sus candidatos a las gobernaciones, en los marcos de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Reconociendo, así, uno de los cinco (5) poderes que conforman la institucionalidad democrática de acuerdo con nuestra Constitución.
No hay duda que el informe de la Oficina del Alto Comisionado busca justificar una intervención foránea, incluso militar, y contribuir al tan anhelado propósito imperial de destruir las instituciones democráticas, y derrocar al Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Durante el período en cuestión se produjeron, ciertamente, detenciones de personas que cometieron crímenes en flagrancia. Asesinaron a sus propios partidarios. Utilizaron armas letales durante sus incursiones violentas. No son pacíficos manifestantes que ejercieron derechos constitucionales. Son, por el contrario, practicantes del terrorismo y la violencia que en cualquier país civilizado son castigados por sus crímenes. Aún así, en Venezuela disfrutan del derecho al debido proceso y a la defensa.
Es oportuno reiterar que el derecho a la manifestación pacífica y sin armas está plenamente garantizado en Venezuela.
Es deplorable que el Alto Comisionado se ocupe de estigmatizar a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue el fruto de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que en forma soberana se expresó el pasado 30 de julio de 2017. Deplorable también que arremeta contra la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, cuando ésta ha diseñado una política y tomado las providencias necesarias para esclarecer, mediante investigaciones transparentes, todos y cada uno de los casos en los cuales se produjeron lamentables víctimas.
Esta instancia tendrá la misión no solo de propiciar que se haga justicia sobre los hechos violentos ocurridos a partir de 1999 hasta el presente, sino también de resarcir y auxiliar debidamente a las víctimas y sus familiares, como una forma de solidificar el camino de la paz.
También busca esta Comisión convocar a un gran diálogo político, social y económico de carácter nacional.
El Alto Comisionado hizo referencia a “…la crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas”. Pero no se ocupó de mencionar que los problemas económicos, que ciertamente existen en el país, son consecuencia de una guerra económica, agravada por las recientes sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela.
El Alto Comisionado debería haber tomado en cuenta pronunciamientos o declaraciones de autorizados voceros de las Naciones Unidas que han condenado estas medidas coercitivas unilaterales.
Instamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a su Oficina, a prestar la debida observancia al Estado de Derecho y de Justicia que prevalece en Venezuela, así como a los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Igualmente le exhortamos a no respaldar ni avalar -a priori- a personas que han sido señaladas de cometer ilícitos o delitos, o que se han apartado del ejercicio de las funciones a las que estaban obligadas de conformidad con la Constitución y las leyes.
El gobierno bolivariano reitera que la vía que ha escogido para enfrentar el fascismo y la violencia, es garantizar la paz impulsando el diálogo y el entendimiento con todos los sectores democráticos del país.
El gobierno bolivariano ratifica, una vez más, su compromiso con la tolerancia política y el pleno respeto al ejercicio de las libertades democráticas.
