La ONU exige a Estados Unidos detener de inmediato los ataques en el Caribe y el Pacífico
Yván Gil citó a especialistas para señalar que las ofensivas no solo son ilegales bajo el marco normativo actual, sino que además podrían constituir graves crímenes internacionales ante instancias judiciales competentes
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado su solicitud al Gobierno de Estados Unidos para que cese los bombardeos dirigidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, al considerar que estas ofensivas contravienen el derecho internacional y son «ilegales».
El canciller Gil, a través de Telegram, subrayó que el organismo internacional defensor de los derechos humanos alertó que la ilegalidad de estos ataques implica una potencial comisión de crímenes internacionales, en abierta violación de las leyes marítimas y del derecho internacional de derechos humanos.
Agrega el documento que «desde el 2 de septiembre de 2025, funcionarios estadounidenses han informado de al menos 15 ataques, en los que presuntamente murieron 64 personas y tres supervivientes».
Pese a que las autoridades de Estados Unidos han justificado los ataques alegando que iban dirigidos contra presuntos narcotraficantes, la ONU desestima esta argumentación. El organismo considera que las ofensivas no cumplen los criterios de legítima defensa, ni se enmarcan en un conflicto armado. Por lo tanto, representan una «amenaza inminente a la vida», lo que constituye una violación del derecho internacional fundamental que prohíbe la privación arbitraria de la vida.
Doble infracción y riesgo de crímenes internacionales
Otro aspecto destacado en el informe de Naciones Unidas es la obligación de Washington de asegurar que sus efectivos militares no incurran en crímenes internacionales. El texto enfatiza que las acciones de «asesinatos y ataques no provocados en aguas internacionales» configuran una doble infracción, al quebrantar también las leyes marítimas internacionales.
Adendas, el documento establece que la totalidad de los miembros de las fuerzas armadas tienen el deber de adherirse a sus manuales militares, procedimientos operativos internos y, estrictamente, al derecho internacional. Además, subraya que los oficiales deben negarse a ejecutar órdenes superiores que constituyan una «violación manifiesta de la ley» y puedan derivar en transgresiones graves a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales.
Por último, los expertos de la ONU concluyeron enfatizando que el derecho fundamental a la vida es sagrado y que su defensa es un deber ineludible de todos los Estados.
