Fiscal Tarek William Saab saluda pronunciamiento de la ONU sobre deportaciones ilegales de migrantes venezolanos
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, celebró el pronunciamiento reciente de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condena el traslado ilegal de migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador. Este pronunciamiento, fechado el 30 de abril, denuncia la reclusión indefinida de estos migrantes en cárceles que se asemejan a campos de concentración.
Los expertos critican la aplicación errónea de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que se ha violado el debido proceso y el derecho internacional. Muchas personas han sido deportadas arbitrariamente, incluso aquellos sin vínculos con pandillas, exponiéndolos a graves riesgos en El Salvador, como torturas y condiciones inhumanas en prisión.
Se destaca la alarmante situación en las cárceles salvadoreñas, donde han surgido denuncias sobre muertes, torturas y malos tratos. Las condiciones carcelarias son descritas como inhumanas, con detenidos hacinados en jaulas y sin acceso a artículos básicos como colchones o atención médica adecuada.
Saab enfatiza que los expertos critican la designación abusiva de pandillas como ‘terroristas’, lo cual no se ajusta a los requisitos legales para justificar su reclusión. Además, expresan su preocupación por la falta de transparencia en las detenciones y el acceso limitado a recursos legales para los deportados.
Los expertos también advierten que las deportaciones y detenciones en régimen de incomunicación podrían implicar desapariciones forzadas, lo cual contraviene el derecho internacional. En este sentido, exigen un cese inmediato de las deportaciones hasta que se respeten las garantías legales internacionales y se permita el acceso a monitoreo independiente en las cárceles.
El deber internacional de **non-refoulement** prohíbe deportar a cualquier persona hacia lugares donde existan riesgos sustanciales de sufrir violaciones graves a los derechos humanos. Los expertos hacen un llamado urgente al Gobierno salvadoreño para permitir un monitoreo independiente en sus cárceles y garantizar la protección adecuada para los deportados.
