Fedecámaras reconoce su participación en golpe de Estado de 2002
El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Jorge Roig, reconoció este domingo la participación de esta cúpula empresarial en el golpe de Estado, ocurrido en abril de 2002, en donde se intentó derrocar al entonces presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, con la puesta en marcha de una guerra económica que ocasionó varios asesinatos y graves perdidas en las finanzas de la nación.
En una entrevista realizada en el programa Análisis Situacional, transmitido por Globovisión, Roig calificó como "grave error" el golpe cometido por Fedecámaras, así como señaló que Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de la cúpula empresarial, "confundió su papel", pues a su parecer "Fedecámaras es una institución para influenciar el poder político, no para ejercerlo".
Una de los elementos usados para ejecutar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en contra del presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue el sabotaje económico, que tuvo profundas consecuencias que afectaron la calidad de vida de la población venezolana.
Como producto de la arremetida golpista, se registró la pérdida de más de 500.000 empleos, incremento de la pobreza, cierre de pequeñas y medianas empresas y comercios así como el desabastecimiento de productos esenciales para la vida como los alimentos, medicinas, gas y combustible.
Durante la entrevista, el presidente de Fedecámaras manifestó que, aunque la organización se desliga de los errores del pasado y de la situación actual económica que vive Venezuela, producto de la "guerra económica" inducida, Fedecámaras trabaja ahora por "cambiar el actual modelo económico porque se basa en controles, persigue a privados y concentra todo el poder en el Estado".
Sin embargo, de manera contradictoria, Roig dijo respaldar las nuevas políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, que incentiva a que la empresa privada y la pública trabajen por la producción nacional, y agregó que el Estado, además, debe servir como supervisor cuando existan irregularidades en los mercados.
Venezuela vive en la actualidad una guerra económica liderada por poderosos sectores empresariales vinculados con la extrema derecha, nacional e internacional, que ejecutan un plan contra la estabilidad del Estado y del pueblo venezolano a través del desabastecimiento inducido, la venta de sobreprecios, la especulación de precios y la neurosis colectiva que busca crear descontento, caos y desestabilización en la población al esconder los productos de primera necesidad, alimentos, y medicamentos.
/N.A
