Proceso constituyente es un paso para refundar la República a favor del pueblo
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Juan Luis Ibarra, señaló que el proceso constituyente es un paso que lleva a refundar la República en favor de materializar y garantizar, principalmente, los derechos sociales y preservar los derechos de la patria.
El poder constituyente "es un imperativo social, político e histórico", dijo en su exposición en el evento al que asiste el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien, destacó que el Poder Ejecutivo dio un paso al frente en ese sentido, con el llamado en 2017 a un proceso constituyente.
Ibarra, quien fue orador de orden en la sesión solemne, mencionó que se entiende además que "los conflictos políticos deben ser resueltos dentro del marco de la Constitución y las leyes".
En ese sentido, el jurista subrayó que "en momento histórico, en los sistemas hispanoamericanos los procesos constituyentes se dieron por la lucha de la independencia" y ante la injusticia.
Al respecto, el magistrado recalcó que es además el Libertador Simón Bolívar es "el mas grande constituyente, al convocar al Congreso Constituyente de Angostura para redactar la Constitución Política en Venezuela", y quien abogó además —subrayó el jurista— en que el texto fundamental debía ser redactado partiendo del principio de autonomía y desde el nacionalismo, en función de hacer aportes en la consolidación del Estado.
Explicó que hoy, en Venezuela nuevamente se estableció un proceso constituyente: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa por el pueblo en votación libre, secreta y universal el 30 de julio en favor de la soberanía e independencia del país, que se ha convertido en blanco de ataques y agresiones imperiales. Agregó que con el llamado al proceso constituyente en esta ocasión "se trataba de ganar la paz para el futuro de Venezuela".
El Magistrado Ibarra recordó que en el siglo pasado se realizaron reformas a las constituciones del país, y también se crearon textos fundamentales, muchas sin ser sometidas a referéndum tal como el caso de la Constitución de 1961, que rigió por unos 40 años y que fue creada como resultado de pactos políticos, y con "la que se sintió el fuerte deterioro de la democracia" y conflictividad política, dijo.
Recordó que en 1999, tras el llamado a un proceso constituyente por parte del Presidente Hugo Chávez, se dio nacimiento a la vigente Constitución Bolivariana de Venezuela.
"El proceso constituyente de 1999 no fue producto de un acto de fuerza" sino que fue "un hecho político con orden jurídico", subrayó el magistrado, al tiempo en que destacó que para la misma se recogió los planteamientos y demandas del pueblo, sin imposiciones externas y se constituyó así en guía de los órganos del Estados.
También recordó que la vigente Carta Magna establece claramente además que Venezuela tiene Estado social de derecho y de justicia, entendiendo que esta última —subrayó— comprende la máxima, y que involucra a todos. De manera que el texto fundamental de 1999 "representa un verdadero modelo de Estado social de derecho y de justicia",
Agregó que se llegó a "un estado superior del constitucionalismo" y se estableció "un sistema de freno y contrapeso para garantizar del equilibrio y la consecución de los fines del Estado".
El Magistrado Ibarra mencionó que hoy Venezuela, su pueblo y, por ende, su Constitución son blanco de una desmedida embestida, promovida por sectores que pretenden imponer e implementa nuevamente el neoliberalismo en el país, en respuestas a las demandas foráneas, por lo que se han implementado sanciones, medidas coercitivas unilaterales y declaraciones contra Venezuela, como la pronunciada por el Gobierno de Estados Unidos que declaró a la Patria bolivariana como una amenaza. "Venezuela no es una amenaza, es una esperanza", reiteró.
Dijo que hay sectores que no perdonan que en el Estado social, la distribución de las riquezas se realicen necesariamente a los sectores vulnerables, con atención preferencial a aquellos que fueron por años fueron sometidos a la exclusión.
Por ello "son evidentes los intentos de esos poderes político para achicar al Estado", buscan que el Estado "se dedique a las funciones clásicas", y que se delegue responsabilidades al sector privado, por ello llamó a defender el Estado social de derecho y de justicia.
