Venezuela rechaza declaraciones de Liz Throssell que avalan pseudo consulta opositora
El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra señaló que es preocupante que la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, no haya condenado los actos criminales cometidos por grupos terroristas opositores
El embajador Jorge Valero calificó como “insólita” la declaración emitida este viernes por la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, quien “pareciera avalar o respaldar la pseudo consulta” que promueven sectores opositores.
“No se puede enmascarar bajo el manto de un pretendido ejercicio del derecho a la libertad de expresión, esa pseudo consulta organizada por grupos políticos de la oposición, a la cual han calificado como ‘un plebiscito’, y cuya intención no es otra que conformar un gobierno paralelo al margen de toda legalidad”, expresó el representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra.
Explicó que la figura plebiscitaria no está contemplada ni en la Constitución ni en ningún otro instrumento legal de la República y rechazó que la oposición aspire a utilizarlo para desconocer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente Nicolás Maduro Moros, en estricto apego a las atribuciones y potestades que le otorga nuestra Carta Magna, en su artículo 348.
Valero precisó que en Venezuela cualquier tipo de consulta nacional debe ser organizada por el Consejo Nacional Electoral, órgano rector del Poder Electoral creado por mandato constitucional para garantizar el pleno ejercicio del derecho de todos los venezolanos al sufragio, universal, directo y secreto, así como la organización de elecciones y consultas.
En ese sentido recalcó que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que “el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del Poder Electoral, ejercerá la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de los procesos electorales directamente y a través de sus órganos subordinados”.
Por ello, Valero se manifestó preocupado “por el desconocimiento supino del ordenamiento jurídico venezolano reflejado en las declaraciones de la vocera del Alto Comisionado, quien pareciera avalar o respaldar esta convocatoria írrita e ilícita y que se ha promovido al margen de la Constitución y leyes de la República”.
El camino es la paz
Por otra parte, el embajador Jorge Valero se mostró de acuerdo con la vocera Liz Throssell en su consideración de que todos los sectores nacionales deben utilizar “únicamente medios pacíficos para hacerse oír”.
“En su firme convencimiento, el presidente Nicolás Maduro ha insistido y seguirá sosteniendo que la paz, el diálogo político y el entendimiento nacional -en medio de las diferencias-, son los únicos caminos posibles y cónsonos con nuestra inquebrantable vocación democrática, pilar de la Revolución Bolivariana”, señaló Valero.
El diplomático bolivariano expresó que preocupa que sectores radicales de la oposición venezolana sigan recurriendo de forma permanente a la violencia fratricida con actos abominables que han incluido linchamientos e incineración de seres humanos; crímenes repudiables que jamás habían tenido lugar en la historia de la República.
“Estos sectores extremistas han seguido incitando al caos, practicando la violencia y el terrorismo, generando angustia en la población. Han destruido cientos de establecimientos comerciales, edificios públicos, incluyendo hospitales, escuelas y centros de salud que daban cobijo a niños y adolescentes”.
En ese sentido, dijo que también es preocupante que la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado no se haya referido a estos bochornosos hechos y mucho menos los haya condenado.
Pleno respeto los Derechos Humanos
El embajador Valero reiteró que el Gobierno Bolivariano, en apego al principio de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, ha girado instrucciones a los órganos competentes del Estado para que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas aquellas personas que ejercen el derecho a la manifestación y reunión pacífica.
Subrayó que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y objetos letales en el control de las manifestaciones, y que los cuerpos de seguridad utilizan la contención de los manifestantes, cuando éstos son violentos o terroristas, bajo el principio del uso proporcional y diferenciado de la fuerza pública, en concordancia con los estándares internacionales.
Asimismo, advirtió que en el contexto de las acciones violentas, vandálicas y terroristas han sido detenidos en flagrancia algunos actores de estos abominables hechos, por lo que se encuentran sometidos al imperio de la ley, garantizándoseles el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso.
También manifestó que en aquellos casos puntuales en los cuales funcionarios de los cuerpos de seguridad han transgredido las normas legales e incurrido en violación de derechos humanos, los órganos competentes del Estado venezolano han tomado las providencias debidas para que éstos sean sometidos -sin dilación- a la justicia venezolana, para que sean sancionados conforme corresponda.
Para concluir, Valero invitó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “a mantener la debida objetividad, ponderación, equilibrio y ecuanimidad en el tratamiento de la situación venezolana”, como única conducta para contribuir efectivamente a la paz en el país.
