Fiscal debe investigar a dirigentes opositores por utilizar niños en protestas violentas
"Señora Fiscal por qué usted no averigua, por qué no actúa en vez de ponerse en campaña contra un mecanismo constitucional como lo es la Asamblea Nacional Constituyente"
El ministro para la Educación, Elías Jaua, instó este miércoles a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a que de inicio a un proceso de averiguaciones que permita determinar las responsabilidades de la dirigencia opositora venezolana que han incurrido en la utilización de niños, niñas y adolescentes durante las protestas violentas iniciadas en abril pasado.
Jaua durante su programa Encuentro Popular, que transmite el Sistema Radio Mundial, indicó que estamos ante la presencia de graves delitos como es el uso de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de la violencia promovida por autoridades públicas de derecha, entre ellos, gobernadores, alcaldes y diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
"Señora Fiscal por qué usted no averigua, por qué no actúa en vez de ponerse en campaña contra un mecanismo constitucional como lo es la Asamblea Nacional Constituyente", inquirió Jaua.
El dirigente revolucionario señaló a Ortega Díaz "no se trata de la posición política que usted tenga hoy o de la que tuvo ayer y de la cual se desdice de manera impúdica, se trata que cumpla con su papel constitucional, no le pedimos que tome partido, aunque usted ya lo ha hecho contra la Revolución, pero, más allá de su posición política personal debe hacer valer la Constitución de la República".
Precisó que la jurisdicción venezolana sanciona con pena de prisión a aquellos ciudadanos que fomenten, alienten, e inciten a los niños, niñas y adolescentes para que participen en actividades ilícitas, violando así derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).
"Es un crimen de lesa humanidad, quien lo permita, quien lo promueva, pero también quien es indiferente contra eso y más si está investido de autoridad como es el caso del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que lo hemos visto marchar con niños y él no hace nada, él está obligado a ponerlo bajo la protección del Estado", expresó.
Precisó que la Fiscal está obligada constitucionalmente a tomar acciones para evitar la impunidad, y recordó que ella podría estar violando los derechos humanos al no ejercer sus funciones para imputar a los responsables.
"Usted, señora Fiscal está obligada por la Constitución, y recuerden que en la doctrina de Derechos Humanos los funcionarios del Estado podemos cometer violación de derechos humanos por acción u omisión, y usted esta en omisión ante el grave uso de niños en manifestaciones violentas", puntualizó.
La LOPNNA, reformada en 2015, establece en su artículo 264 que aquel que "cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, o sea determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años".
En el caso de quien fomente, dirija, participe u obtenga algún lucro de la organización de grupos para delinquir que incluya a niños y adolescentes, cumplirá arresto entre 25 y 30 años. La misma pena aplica a quien reclute a menores de edad para integrar bandas delictivas.
