La oposición busca institucionalizar la violencia en el país
Aprobar lo que la derecha ha denominado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional "sería institucionalizar la violencia, convertir a la violencia en la forma de hacer política en Venezuela y eso sería un precedente nefasto y terrible para nuestro país", manifestó el parlamentario revolucionario, durante una entrevista en el programa Al Instante, que transmite Unión Radio
La mayoría circunstancial de derecha en la Asamblea Nacional (AN) pretende convertir la violencia en la forma de hacer política en el país, a través de la ley que promueve la impunidad, alertó este jueves el diputado del Bloque de la Patria Carlos Gamarra.
Aprobar lo que la derecha ha denominado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional "sería institucionalizar la violencia, convertir a la violencia en la forma de hacer política en Venezuela y eso sería un precedente nefasto y terrible para nuestro país", manifestó el parlamentario revolucionario, durante una entrevista en el programa Al Instante, que transmite Unión Radio.
Reiteró que este mecanismo no puede ser el arma para dirimir las diferencias de pensamiento e ideología que existen en la nación, pues considera que el objetivo de Venezuela debe ser la paz, el encuentro y el diálogo.
Por ello, destacó los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Bolivariano para conciliar opiniones en procura del bienestar del pueblo venezolano. "Por ejemplo, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, todos lo martes dialoga con todos los sectores productivos del país. Allí hay sectores productivos que no tienen nada que ver con el chavismo. Al contrario, tienen una visión distinta desde sus perspectivas económicas e ideológicas y, sin embargo, estamos en ese gran encuentro", explicó.
Para Gamarra, una ley siempre debe perseguir un objetivo hacia el colectivo y no hacia intereses particulares, como lo hace este instrumento legal promovido por la derecha venezolana, que calificó como "una ley a la carta", porque establece un indulto para cada uno de los delitos cometidos por opositores al Gobierno revolucionario, responsables de asesinatos, conspiraciones y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.
Entre los hechos punibles que abarca esta normativa legal se incluyen no sólo las guarimbas y los intentos golpistas en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro, sino también los crímenes en contra del sector campesino, los delitos perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero de 2002, entre otras situaciones que quebrantaron la paz y la estabilidad en Venezuela.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Red Nacional de Derechos Humanos, se estima que con esta aprobación alrededor de unas 5.000 personas podrían ser absueltas de sus responsabilidades en diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, artífice del intento fallido de golpe de Estado en 2014 que provocó la muerte de 43 personas y dejó más de 800 lesionados
También, podrían ser exonerados de sanciones penales Antonio Ledezma, procesado por delitos cometidos contra la constitución y la paz del pueblo venezolano, y Guillermo Zuloaga, relacionado con hechos de usura y presunto almacenamiento ilegal de vehículos.
"Ellos (la oposición) ni siquiera han pedido perdón por estos delitos. No sólo no han pedido perdón, sino que no han reconocido que un llamado como el del 15 abril de 2013 (tras la derrota de la derecha en las elecciones presidenciales) produjo la muerte de 11 personas y decenas de heridos. No han reconocido que el plan La Salida fue un intento de insurrección totalmente inconstitucional, que causó muertes, heridos y dolor en cientos de familias venezolanas", agregó.
