EfeméridesNacionales

35 años del Caracazo: Un pueblo se rebeló contra el modelo neoliberal

El 27 y 28 de febrero de 1989, miles de personas fueron masacradas por el gobierno puntofijista

Los días 27 y 28 de febrero de 1989, miles de personas salieron espontáneamente y sin liderazgo alguno a la calle a protestar contra un paquete de medidas de corte neoliberal anunciadas por el gobierno lacayo de Carlos Andrés Pérez, hechos conocidos como El Caracazo.

El detonante de la rebelión popular se centra en la imposición de medidas ordenadas por el binomio compuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las directrices emanadas del Consenso de Washington aplicadas en Venezuela por el gobierno de CAP.

Las impopulares medidas gubernamentales abarcaban aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal; así como el sometimiento a las condiciones impuestas por los organismo que prestarían alrededor de 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés financieras en el sistema hasta un 30%.

Génesis de El Caracazo

El origen del Caracazo se puede ubicar en la política neoliberal imperante en la década de los años 70 y 80, en la corrupción estructural presente en la Cuarta República y el empobrecimiento gradual de la población presente en la escasez y aumentos desproporcionados de los alimentos y los servicios públicos.

Al respecto, el intelectual Luis Britto García explicó en febrero de 2012, en un análisis sobre el Caracazo que durante la administración de Pérez los bancos dejaron de lado su función de «intermediador» con el Estado, para dedicarse a la adquisición de subsidios especulativos, así como jugar en mesas de dinero, situación que impidió al pueblo acceder a los créditos bancarios.

Asimismo, se puede citar como causas de la rebelión popular del 27 y 28 de febrero el agotamiento del sistema de dominación capitalista burgués que solo servía para que las élites gobernantes en consonancia con el sector empresarial  se enriquecieran en detrimento de las grandes mayorías que cada día se empobrecía.

Señala que durante más de 10 años se acrecentó en el país la situación de empobrecimiento que rondaba el 60% de la población ubicándose la pobreza extrema e indigencia en un 27%. las dos terceras partes de la población percibía ingresos económicos que bordeaban la frontera de la subsistencia.

La modalidad de protesta presente en el Caracazo, el 27 y 28 y días subsiguientes, fue contra los explotadores y opresores de diverso signo, es por ello que el objeto de la rabia y la ira del pueblo se dio contra el abasto, la carnicería y la camioneta de pasajeros, parte de la vida cotidiana de la gente.

El alza del pasaje enciende la mecha del Caracazo

El 16 de febrero, CAP anunció el contenido del «paquetazo», que incluía el incremento de los precios de bienes y servicios, entre ellos la gasolina potenciando la escasez y el acaparamiento de alimentos, así como la amenaza de privatizar las principales empresas estatales fuentes de empleo e ingresos.

El 27 de febrero, el Ejecutivo incrementó el costo del pasaje, provocando la indignación y la rabia en millones de personas que sintieron el efecto de las medidas implementadas por el gabinete económico, liderado entonces por el economista Miguel Rodríguez, recordado como Miguel «paquetico» Rodríguez.

La revuelta popular se inicia en horas de la mañana del 27 de febrero de 1989 en la población de Guarenas lo que se replicaría de inmediato en la ciudad capital Caracas. Y en horas de la tarde todos los comercios habían cerrado sus puertas ante la incertidumbre y la poca información de los hechos.

Los saqueos arreciaron durante la noche en supermercados, abastos, licorerías, carnicerías, líneas blancas, mueblerías, tiendas de computación, agencias bancarias, entre otros. Los protagonistas: hombres, mujeres, ancianos y niños, así como algunos grupos violentos que aprovecharon la coyuntura.

El Gobierno ante los hechos desplegó los organismos de seguridad del Estado -policías y militares- en principio de manera preventiva, sin embargo en horas de la noche del 27 de febrero cae la primera víctima, una estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Yulimar Reyes, asesinada en Parque Central.

Represión y muerte

El día 28 de febrero el Ejecutivo pone en marcha el llamado Plan Ávila que le permitía a la Guardia Nacional y al Ejército el empleo de armas de fuego para «apaciguar» las protestas, esto dio paso a la feroz represión contra el pueblo, basados en la aplicación del artículo 240 de la Constitución de 1960, vigente para entonces mediante el cual suspendieron las garantías constitucionales por 10 días.

Unos 4 mil soldados tomaron las calles de Caracas con la orden de «restablecer» el orden público, estos se ubicaron en principio en las entradas de los principales barrios para evitar que la gente bajara y se uniera a la ola de saqueos, lo que no evitó la escalada de muerte subsiguiente.

Testigos relatan que durante los fatídicos 27 y 28 de febrero, Caracas se llenó del eco de disparos de rifles y ametralladoras y la morgue se llenó de cadáveres. Los hospitales resultaron insuficientes para atender a los heridos.

Estos hechos sucedieron al unísono en El Valle, en San Bernardino, San Martín, en Petare, específicamente en el Barrio José Félix Ribas sus habitantes y zonas adyacentes como la llamada «Escalera de la muerte» fueron testigos de primera línea de la represión desatada por las fuerzas de seguridad del Estado, vieron como desde los cerros bajaban en bolsas a los muertos.

La cifra exacta de los fallecidos, heridos y desaparecido durante los luctuoso días del 27, 28 febrero y marzo de 1989 aún no se conoce, sin embargo, datos extraoficiales reportan más de tres mil personas muertas, miles de heridos y centenares de desaparecidos, en la más flagrante violación de derechos humanos de la historia del país.

Se hace justicia por los caídos en el Caracazo

Al cumplirse 10 años de la masacre en 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la rebelión popular.

Al respecto -aún cuando los hechos ocurrieron antes de su mandato- el Comandante Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

Han pasado 34 años de la rebelión popular del pueblo venezolano contra los intentos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con la anuencia del gobierno adeco de someterlo a sus designios con la aplicación de nefastas medidas neoliberales, y ese mismo pueblo está hoy consciente y de frente en batalla contra las sanciones y bloqueos impuestos ilegalmente que pretenden vulnerar la soberanía y autodeterminación de la Patria.

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