A un año de la persecución judicial y política a Milagro Sala
El 16 de enero de 2016, Milagro Salas era detenida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy (Argentina). Tras un allanamiento y fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez.
La dirigente fue imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real". Salas ha denunciado que es víctima de una persecución judicial y considerada presa política en Argentina.
¿Por qué está detenida?
El motivo del proceso se remonta a 2009, cuando supuestamente Sala organizó una manifestación contra el aquel entonces senador Gerardo Morales, aliado político del actual presidente Mauricio Macri.
Tras este incidente, Gerardo Morales actual gobernador de la provincia de Jujuy, presentó una denuncia en la Justicia que derivó en el procesamiento de la activista por haber perpetrado amenazas y ataques contra una figura pública.
El desarrollo de la causa se alargó y en mayo del pasado año el tribunal de Jujuy desestimó los cargos, pero una instancia superior anuló la decisión y decretó el inicio del juicio contra Sala y otros dos activistas por administración fraudulenta y asociación ilícita.
¿Por qué es polémico el caso?
A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de Sala es sinónimo de criminalización a la protesta y de corte político.
Se perfila un caso donde se manifiesta la discriminación racial, de clase y de género contra Milagro Sala. Además del trasfondo político en contra de los activistas sociales.
La líder de la organización Tupac Amarú, en una de sus declaraciones a la prensa aseguró que no se robó nada, pero que se le acusa por ser kirchnerista y contraria a las políticas neoliberales de Mauricio Macri.
¿Cuál es el estatus del caso?
La activista afronta diversos procesos ante la Justicia. Ya recibió dos condenas, una penal, de tres años de prisión en suspenso, por daños durante un escrache realizado en 2009 contra dirigentes radicales.
Sala fue condenada a una inhabilitación por tres años para ocupar cargos en organizaciones sociales.Los abogados de la activista social pedirán la "revisión judicial de todo el proceso".
Los juristas alegan que los fundamentos del veredicto de 33 páginas son un "horror jurídico" y un "copiado y pegado de distintas pruebas y declaraciones que fueron presentadas durante el debate, descontextualizadas, parciales, seleccionadas" con el fin de dar por válida la pena de inhabilitación por tres años para ocupar cargos en asociaciones sociales.
Insisten en que se trata de "una pena imposible de justificar", impuesta sin "un solo argumento".
