De la Ciudad

Sancionados 32 de los 40 comercios inspeccionados por la Sundde en Higuerote

Luego del abordaje donde se recorrieron 40 comercios, fueron sancionados 32. De este resultado fueron puestos a la orden del Ministerio Público tres ciudadanos por prácticas ilícitas en materia socioeconómica

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles arrancó el despliegue de más de 200 funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Seguro (GMAS) y representantes de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción del municipio Brión atendiendo directamente las Órdenes Populares de Inspección recibidas durante la asamblea realizada en el día de ayer en Higuerote, luego de la activación de los Espacios Populares para la Inspección y Participación Activa (EPII-Centros) en la región.

Así lo informó el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras desde la población de Curiepe, donde además se continuó la recepción de las Ordenen Populares de Inspección (OPI) por parte del pueblo barloventeño denunciante.

Contreras destacó que con el operativo permanente, se ejecuta la orden del Presidente de la República Nicolás Maduro para hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y escuchar las denuncias del pueblo. "Hemos venido a verificar y atender con la orden que ellos nos han dado, en el día de ayer el pueblo nos hizo alertas y denuncias y se está realizando un procedimiento especial de fiscalización, para confirmar las denuncias recibidas. Hemos llegado a esta localidad para establecer los mecanismos de control y garantizar los derechos socioeconómicos al pueblo del municipio Brión, hemos llegado para quedarnos”, dijo el funcionario.

Indicó que las OPI son la nueva modalidad que asume la Sundde como órgano fiscalizador para la atención inmediata de denuncias socioeconómicas. “Estamos aquí para hacer el acompañamiento al pueblo para que se le respeten sus derechos especialmente los socioeconómicos en vista que aquí no hay gobernador ni autoridad, y en nombre del presidente Nicolás Maduro terminar de derrotar y desmontar los mecanismos de la guerra económica” enfatizó.

La autoridad señaló que desde el día de ayer se inició la fase organizativa de los EPII-Centros locales por lo cual recomendó al pueblo asumir la denuncia como un acto colectivo y organizado, “en el caso que amerite la comunicación con el 0800 LoJusto (0800.565.8786),  o escribir al twitter @DenunciasSundde recomendamos hacerlo por esa vía y si usted hace parte de un CLAP o Consejo Comunal debe identificar cuál es su Infocentro más cercano y dirigirse para conformar el EPII-Centro, y formar parte de la Batalla por los Precios justos" de manera organizada y de esta manera cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dándole poder al Pueblo”, destacó.

VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS

Durante el despliegue, fueron abordadas panaderías, bodegas, supermercados, entre otros los cuales habían sido denunciados por el poder popular, uno de ellos fue la panadería “La Sifri” donde se realizó la verificación de la producción y venta del pan, así mismo en el comercio “Mi Pueblo 168” se constató el incumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos en la comisión de delito como venta condicionada (art. 56) , violación a los derechos individuales (art. 47), boicot (art. 53), especulación (art. 49) y alteración de la presentación de bienes (art. 51) en el caso del azúcar que era vendida a un precio de Bs 3.000 en una presentación que no cumplía con normas sanitarias ni el peso correcto, lo cual constituye una oferta engañosa.

En otro comercio ubicado en la calle Caracas de la  población de Curiepe, se confirmó que en el sujeto de aplicación “Bodega Nuevo Detal” eran vendidos en combo harina de maíz, jabón en pasta, papel sanitario, pasta larga y arroz, mediante la venta condicionada de una lista.

En el lugar la señora Ana María López denunció que a pesar de que el comercio vende con regularidad es condicionada la venta sin permitir la compra de quienes no estén incluidos en la lista. “Necesitamos mayor presencia de los funcionarios y sea constante la supervisión en el lugar”.

Así mismo Mayerlin Soto agregó que son necesarios los operativos y presencia de autoridad permanente en la localidad, pues, hasta la llegada de la comisión cívico militar “los comercios hacían lo que querían con el pueblo sin importar las necesidades ni el maltrato del que éramos objeto”, denunció.

RESULTADOS

Luego del abordaje donde se recorrieron 40 comercios, fueron sancionados 32. De este resultado fueron puestos a la orden del Ministerio Público tres ciudadanos por prácticas ilícitas en materia socioeconómica.

El Jefe de ZODI-Miranda G/D Pedro Álvarez Bellorín,  señaló que fueron visitados los comercios de las poblaciones de Carenero, Curiepe y el Casco Central de Higuerote, para acompañar y escuchar las denuncias del pueblo.

Agregó que se observó que en algunos comercios mantenían prácticas de incumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos antes mencionada así como también en otros no aceptaban la tarjeta de bono de alimentación, “condicionaban el monto mínimo a pagar y hasta hacían avance en efectivo cobrando un porcentaje, cuya práctica no está permitida”, dijo la autoridad militar.

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