Estos son los países con más desapariciones forzadas

Hijos retirados de sus madres al nacer. Arrestos sin orden delante de familiares. Hombres de paisano o con uniforme, armados, que capturan a una persona en mitad de la calle. Madres y padres que denuncian la desaparición de sus hijos, y la única respuesta que encuentran es el silencio y el olvido. Sus nombres, con suerte, acaban en listados. Para algunos de esos desaparecidos, ni siquiera eso. 

 

Los derechos humanos terminan desterrados y la justicia internacional tropieza de manera frontal con las jurisdicciones estatales. Así son las desapariciones forzadas. Algunas denuncias consiguen llegar a los tribunales, pero la impunidad es la regla de oro de estas detenciones, amparadas en sistemas corruptos y faltos de libertad. No se salva nadie: ni por edad, ni sexo, ni por ideología. Un espacio donde también impera el negocio, como la trata.

 

Según los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 países.

 

Hoy, Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, recuperamos los casos de cuatro países con causas pendientes, aún sin resolver. Entre ellos, España.

En la desaparición forzosa no existe diferencia en edad. Tampoco existe un registro de infancia. “Estas desapariciones suelen estar vinculadas a conflictos o actividades ilícitas, como la trata. O bien a apropiaciones indebidas de menores en dictaduras, como el tema de los bebés robados”, puntualiza David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save The Children. 

 

Describe que hay centenares de informes amontonados sobre desapariciones de menores. Centroamérica es uno de los grandes nodos de la trata en el mundo porque es un flujo de actividades clandestinas, como las mafias que controlan a los emigrantes que se dirigen a EE.UU. o las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

 

"Tras esto hay un negocio muy lucrativo, corrupción y fuerzas armadas implicadas", explicó.

 

Las familias denuncian, pero nadie responde. “La impunidad es el gran impulsor de que los menores desaparezcan. Sin olvidar que tras esto hay un negocio muy lucrativo, corrupción y fuerzas armadas implicadas, porque para muchos de ellos son un ingreso favorecer o permitir las actividades ilícitas”, detalla Del Campo. 

 

Hasta hace poco ni siquiera existía un fiscal de la zona que se encargase de la trata de menores. No existen sentencias o condenas firmes en la que una persona esté en la cárcel por desapariciones de niños. “Por eso es un escenario bastante activo”, explica este director. “La denuncia queda en esa zona y su sistema judicial tiene pocas posibilidades para reclamar la justicia transfronteriza”.

 

Esos menores estarán condenados, a partir de entonces, a una vida en terceros países marcada por el trauma, la ilegalidad y la clandestinidad; donde las raíces de su hogar serán un recuerdo. “Ese niño nunca tendrá medios, por lo tanto caerá en manos de otras mafias o actividades clandestinas”, concluye.

“En México hablamos de miles de personas. Desaparecen y aquí no se sabe si son víctimas de una desaparición forzada con la participación del Estado o si se debe a bandas criminales”, relata Olatz Cacho, responsable del Área de Países de Amnistía Internacional.

 

El Gobierno mexicano reconoce que existen 27.000 personas desaparecidas desde el año 2006. “Es una cifra escandalosa y no hay una respuesta sólida e institucional que garantice la justicia para víctimas y familiares”, considera Cacho, quien recuerda el caso reciente con más repercusión: el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “No pueden desaparecer cuarenta y tres personas, y que no haya pruebas que den datos”, denuncia.

 

Estas desapariciones se producen en todo México, desde la capital hasta zonas fronterizas, y afectan a todo tipo de personas: con trabajo, marginadas, emigrantes, de cualquier de edad y sexo. 

 

Las familias que denuncian empiezan a vivir un drama. “Pueden enfrentarse a todo tipo de funcionario público en la Policía. Desde quien responde que deben esperar 72 horas para denunciar aunque saben que son momentos cruciales; u otras que abren diligencias inútiles y sólo rellenan un papel”, describe esta responsable. Frente a ello muchas familias terminan por contratar detectives privados y tomar el impulso de la investigación hipotecando sus casas. Y, en los peores casos, reciben amenazas o incluso ellos, también, son víctimas de desaparición forzada.

A comienzos de 2015, Magdy Abdel Ghaffar fue nombrado ministro del Interior. “Esta persona perteneció antes a la policía secreta de Mubarak. Desde entonces aumentan las desapariciones, que son usadas como una política de Estado para callar la disidencia. Cualquier personas que intente criticar al poder, como políticos, manifestantes, investigadores, miembros de ONG, profesores… desaparecen sin dejar rastro”, desvela Cacho.

 

"La desapariciones son política de Estado para acallar la disidencia", relató.

 

Las familias saben que las detenciones son realizadas por el Estado. Pero cuando preguntan por ellas, les niegan el arresto. Empieza un tiempo donde todas las preguntas quedan sin respuestas. A veces pasan días o incluso meses hasta que les llega la referencia de una cárcel donde pueden localizarlas. Entre las paredes de esos centros penitenciaros, el 100% sufre torturas. “De esta manera, el Estado obtiene la confesión necesaria para la Fiscalía, con las que acusarles de cargos. No hay separación de poderes, porque la Fiscalía egipcia lo acepta a pesar de ser bajo tortura y sin investigar”, denuncia la coordinadora.

 

Hay un promedio de tres o cuatro personas detenidas al día en Egipto. Muchas ocurren en las casas y las familias son testigos. “Hay madres coraje que se presentan en la policía y, a veces, algunos les dicen dónde pueden estar presos. Muchas veces preguntan por adolescentes, críos de 15 años”, matiza Cacho. Desde Amnistía confirma que la Fiscalía no investiga ni acepta denuncias. Así, las víctimas quedan desamparadas.

Las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen siendo la asignatura pendiente de España. “Aquí se ha vetado la investigación de crímenes cometidos durante la guerra y el franquismo y, en particular, de desapariciones forzadas. Esta imposibilidad se concreta con la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012”, rememora Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional.

 

Aunque el derecho internacional remarca que la desaparición forzada es un delito permanente, esta sentencia se respalda en la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos, y el fallecimiento de los autores responsables como variables suficientes para bloquear cualquier investigación. 

 

Amnistía Internacional apunta que, con datos de 2005, existen unas 114.000 desapariciones forzadas en el franquismo. Pero esta cifra, por impedirse las investigaciones, no representa un censo oficial. “Este número supera al total de las denuncias de desapariciones forzadas en el conjunto de las dictaduras latinoamericanas”, explica Canales. Denuncia que, aunque la ley de Memoria Histórica produjo algunos avances en la localización de fosas y exhumación de restos, son las propias familias las que deben liderar las búsquedas y “apenas se produce labor estatal, cuando debería ser mayor”. Por ello, la única solución ha sido recurrir a jurisdicciones de otros países como Argentina o México.

 

“La situación actual en España es de imposibilidad, de parón. Conocer qué ocurrió con esas desapariciones, aunque sólo fuese el paradero, debería ser una obligación para el Estado, con independencia de la resolución judicial. Y la fiscalía no ha impulsado ninguna medida al respecto”, concluye Canales.

Desde enero de 2014, Boko Haram ha matado en Camerún, al menos, a más de 350 civiles, según Amnistía Internacional. Pero Alioune Tine, director regional de la zona Oeste y central de África de la ONG, desvela que la propia población está en la línea de fuego desde entonces. En su respuesta, las fuerzas de seguridad camerunesas han asaltado poblados y destruido viviendas. El resultado: muerte de civiles y detención de más de mil sospechosos, algunos con sólo cinco años de edad. 

 

Tine recuerda el día 27 de diciembre de 2014, cuando se inició una operación en las zonas de Magdeme y Doublé, al norte de Camerún. Más de 200 personas desaparecieron. De ellas, 25 murieron bajo custodia. Al día siguiente, 45 fueron trasladadas a la prisión de Maroua, y tres de ellas murieron por las condiciones de detención. A día de hoy, más de 130 personas continúan desaparecidas. 

 

“Las autoridades de Camerún deben explicar el paradero y destino de estos 130 hombres y niños. Este continuo fracaso del gobierno para revelar su paradero añade sal a la herida de las familias, que ya han esperado mucho tiempo noticias de sus seres queridos”, revela Tine, quien considera que la lucha frente a Boko Haram no puede justificar más violaciones de derechos humanos.