Antes de la Revolución la regla general en Venezuela era la impunidad (+Audio)
Manifestó que antes de 1998, en Venezuela se violaban sistemáticamente los Derechos Humanos
Cristóbal Cornieles, abogado y activista de Derechos Humanos, señaló que antes de la llegada de la Revolución Bolivariana la regla general en el país era la impunidad ante las violaciones de Derechos Humanos, pues "reinaba la solidaridad automática de los cuerpos policiales y de las autoridades públicas, y en definitiva lo que se hacía era generar un escenario donde no existían responsables".
Durante una entrevista concedida al programa Expediente, que transmite Telesur, afirmó que masacres como la del Amparo (ocurrida en Apure el 29 de octubre de 1988, crimen cometido por el gobierno puntofijista de Jaime Lusinchi, en el que una operación militar acribilló a un grupo de 14 pescadores), la de Cantaura (4 de octubre de 1982, cuando el gobierno de Luis Herrera Campíns utilizó aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea para bombardear un encuentro de jóvenes revolucionarios), o la de Yumare (sucedida bajo el gobierno de Lusinchi el 8 de mayo de 1986, una operación militar realizada contra civiles de izquierda que se perpetró en el estado Yaracuy) "son evidencias de cómo se violaban sistemáticamente los Derechos Humanos y no aparecían responsables".
Al hacer referencia de la Masacre del Amparo, comentó que el Estado en primer momento escondió la verdad y alegaba que había sido un enfrentamiento con guerrilleros de Colombia, "esa fue la versión incluso hasta el gobierno de (Rafael) Caldera, y se defendió esa posición incluso internacionalmente, las investigaciones fueron cerradas y se prolongaron. Además, fueron realizadas en la justicia militar, cuando se trataba de víctimas civiles, era un escenario de absoluta impunidad", dijo.
Cornieles resaltó que durante los gobiernos de la IV República no solo había "un escenario de violación grave de los Derechos Humanos, sino más de un Estado que permitía y buscaba mantener esas violaciones bajo la palestra".
El activista hizo referencia al caso de Kluibert Roa Núñez, quien fue asesinado la mañana del martes durante una situación irregular registrada en el sector Barrio Obrero de Táchira. Al respecto, comentó que no se trata de un Estado violador de los Derechos Humanos, sino de un funcionario que "disparó perdigones de goma a corta distancia, violando los principios que le fueron instruidos desde el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana".
"Lo primero que hay que afirmar categóricamente es que el Estado venezolano (desde la llegada de la Revolución Bolivariana) no tiene un política sistemática de violación de los Derechos Humanos", expresó, la señalar que en primer lugar "todas las altas autoridades del Ejecutivo han condenado el hecho y tomado acciones y medidas inmediatas para poner a disposición de los órganos de investigación penal, de los órganos de justicia a la persona involucrada", en contraposición con la Masacre del Amparo cuando las autoridades "justificaban, legitimaban y falseaban la verdad".
En segundo lugar, dijo, "no se trata de una acción planificada ni premeditada, es la actuación de un funcionario que incumplió la normativa que se ha dictado en los últimos años en materia policial, que incumplió con su ética policial, pero además que vulneró todo lo que le enseñaron en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes)".
Finalmente, añadió que el tercer indicador de que la Revolución Bolivariana no respalda las violaciones de los Derechos Humanos fue precisamente la respuesta de la institucionalidad y de los órganos de justicia, al detener al policía implicado y ponerlo inmediatamente a la orden de los tribunales, que lo están procesando por homicidio intencional calificado.
