Venezuela destacó en Cuba logros de la Defensa Pública nacional

En la sede del Palacio de Convenciones de la capital cubana, la máxima autoridad de la DP presentó la ponencia “Progresividad del sistema jurídico científico en Venezuela como garantía de los Derechos Humanos”, en la que indicó que durante estos dos últimos lustros la institución que preside ha garantizado oportunamente y en forma gratuita el derecho humano a la defensa para todas las personas, sin distinción y con sentido de justicia e  igualdad social, con especial énfasis en los grupos vulnerables.

Recordó que a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, se establecen responsabilidades del Estado para la protección de los derechos humanos, lo que implica la necesidad de la creación de nuevas leyes e instituciones dedicadas exclusivamente a proteger las garantías fundamentales, para contribuir a un sistema de justicia más humano.

“Como consecuencia de este momento histórico, político y social, en el año 2000, nace la Defensa Pública, institución que se constituiría en el ente encargado de garantizar el sagrado derecho a la defensa y el acceso a la justicia de forma gratuita y expedita, con una gestión totalmente autónoma sin ningún tipo de subordinación a otro órgano o poder del Estado”, dijo Barreiros Rodríguez.

Otro punto destacado fue el avance del Sistema de Justicia, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, que asigna la función de ejercer la acción penal al Ministerio Público y la defensa del imputado a la Defensa Pública y a los abogados de libre ejercicio.

Resaltó que en el caso de la institución que dirige, el servicio de defensa que se brinda a las personas presuntamente señaladas de cometer un delito, es gratuito y sin discriminación alguna, con la asistencia y representación de profesionales de excelencia.

Explicó que la Defensa Pública brinda un servicio gratuito a la población en 15 competencias: penal ordinario; especial de delitos de violencia contra la mujer; responsabilidad penal del adolescente; especial policial; penal ejecución de sentencia; indígena; agraria y pesquera; civil y administrativa especial inquilinaria; integral; protección de niños, niñas y adolescentes; penal municipal; laboral; contencioso administrativo; penal militar y Tribunal Supremo de Justicia.

Además, la defensora pública general resaltó que la institución cuenta con una plataforma técnico-científica que dota de herramientas a los defensores públicos para hacer efectivas sus actuaciones ante los órganos jurisdiccionales. En tal sentido, agregó que fue creado el Laboratorio de Identificación Genética, mediante el cual se realizan análisis de ADN con el fin de determinar las filiaciones biológicas como la individualización de personas vivas, identificación de cadáveres y restos humanos desmembrados relacionados con casos forenses.

Acotó que estos estudios son realizados en cumplimiento de los estándares internacionales que aseguran confiabilidad, transparencia, ética, calidad y confidencialidad en los procesos.

Por otra parte, la representante del Estado venezolano preciso que en el país se ha logrado que la justicia trascienda de lo jurídico a lo social, por ende, se mantiene un contacto directo con el pueblo a través de la celebración continua de jornadas de atención directa a las comunidades, en sus residencias, en los centros educativos y en los entes públicos y privados.

Finalmente, resaltó que la Defensa Pública venezolana tiene como “compromiso continuar trabajando con amor a la Patria, vocación de servicio y con respeto absoluto a los derechos humanos”.

 

La defensora pública general asistió al encuentro internacional en compañía del coordinador general de la institución, Juan López, y el director nacional de Asuntos Internacionales, Julio Brito.

 

El IX Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2018, que se inició el pasado miércoles 23 de mayo y culminó este viernes, tuvo como objetivo continuar propiciando el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los distintos operadores de los sistemas judiciales de los países participantes, y así seguir conquistando una mayor justicia.

 

Durante las ponencias se trataron temas penales priorizados: civiles, jurisdicción y control de la administración, económicos, laborales, entre otros. La actividad fue organizada por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.