Sorprende parcialización de Oficina del Alto Comisionado para los DDHH en caso Leopoldo López
“La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nunca manifiesta ‘preocupaciones’ por la conducta antidemocrática y terrorista de algunos sectores y actores de la oposición venezolana, pero con inusitada frecuencia objeta el funcionamiento de nuestra democracia”.
Estas afirmaciones corresponden al representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra, embajador Jorge Valero, quien rechazó categóricamente el comunicado de prensa emitido hoy por esa Oficina, a través de su portavoz, Rupert Colville.
Valero señaló que la parcializada práctica de esa Oficina se ha reiterado a propósito de la decisión, ajustada a derecho, adoptada por un Tribunal de la República que sancionó a Leopoldo López.
“Extraña que la Oficina del Alto Comisionado no haya solicitado información oficial al Estado venezolano y que, en cambio, se haya hecho eco de la campaña internacional orquestada para desprestigiar la transparencia del sistema de administración de justicia venezolano”, afirmó el diplomático.
“La Oficina del Alto Comisionado hace aseveraciones y especulaciones sin fundamento que constituyen una clara violación al principio universal de no intervención en los asuntos internos de los Estados soberanos, y cuestiona la transparencia, la objetividad e imparcialidad del Poder Judicial venezolano”, observó Valero.
Expresó que el Sistema de Justicia venezolano fundamenta su actuación en los principios consagrados en la Constitución Nacional, y, en ejercicio de su autonomía y plena independencia, garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso de todas las personas.
Dijo que un juez de la República, en ejercicio de sus facultades jurídicas, dictó un pronunciamiento contra una persona que se ha caracterizado por incurrir -con frecuencia- en delitos en contra del Estado y los derechos humanos.
Puntualizó que un Juzgado del Área Metropolitana de Caracas sentenció a Leopoldo López, por hallarlo responsable de la comisión de los delitos de determinador en el delito de incendio intencional; instigación pública; daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, con ocasión de los hechos violentos y terroristas ocurridos en febrero de 2014.
“Como resultado de estos hechos fueron asesinados cuarenta y tres ciudadanos; centenares de personas resultaron heridas, además de la destrucción e incendio de numerosos bienes públicos y privados, con saldo de pérdidas millonarias”, precisó.
El embajador Valero fue enfático al señalar que no puede pretenderse que la justicia venezolana avale la impunidad: “Sorprende que, en vez de condenarse a terroristas, a violadores recurrentes de los derechos humanos, y a causantes de crímenes probados, se objete el impoluto comportamiento de las autoridades judiciales de nuestro país”.
Destacó Valero que López “ha contado y cuenta con los recursos y las garantías procesales que el ordenamiento jurídico venezolano consagra en favor de todos los ciudadanos; él puede, en consecuencia, recurrir ante las instancias judiciales superiores, dado que nuestro sistema jurídico es garantista”.
“Dable es reiterar que en Venezuela los poderes públicos son independientes y toman sus decisiones respetando el debido proceso y el pleno ejercicio de los derechos humanos”, dijo.
Valero resaltó que el Estado venezolano, en fiel cumplimiento de sus obligaciones internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, ha acudido responsable y voluntariamente a las instancias internacionales pertinentes.
En ese sentido, ha aportado información abundante y fidedigna sobre la situación de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, por los acontecimientos violentos del 2014.
El representante venezolano exhortó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a respetar el estado de derecho y de justicia que existe en Venezuela; a no respaldar a personas incursas en delitos, y a no avalar conductas nugatorias de la institucionalidad democrática.
