Rusia se retira de la Corte Penal Internacional
El presidente ruso Vladímir Putin firmó ayer un decreto donde se expresa el rechazo de su país a la ratificación del Estatuto de Roma.
El decreto aprobado por el mandatario ruso explica que el Ministerio de Justicia de su país propuso la no ratificación del Estatuto de Roma, refiere Sputnik.
El Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002, regula las actividades de la Corte Penal Internacional (CPI). Rusia firmó el tratado internacional en 2000, pero aún no lo había ratificado. Por lo tanto, el tribunal no tiene competencias sobre Rusia, así como tampoco sobre EEUU, China, Ucrania y otros países que tampoco han reafirmado su adhesión.
NO COLMÓ LAS EXPECTATIVAS
A través de un comunicado, el Ministerio ruso de Exteriores expresó que la CPI carece de independencia, autoridad, y durante 14 años de funcionamiento ha mostrado total ineficacia.
“Lamentablemente, la corte no llegó a colmar las expectativas, y no se convirtió en un organismo independiente y respetado de la justicia internacional”, añade el comunicado que, además, indica que “lo ineficaz y sesgado del trabajo de la corte fue señalado también por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU”.
“Durante 14 años de su funcionamiento, la CPI dictó solo cuatro sentencias gastando más de mil millones de dólares”, aunque se esperaba que la corte mostrara resultados eficientes “en el contexto de los esfuerzos conjuntos para garantizar la paz y la seguridad mundiales”, subraya el documento.
El Ministerio ruso de Exteriores resalta que “Rusia aboga consecuentemente por enjuiciar a los culpables de los crímenes más graves a escala internacional”.
El comunicado también expresa su preocupación por las acciones de la CPI acerca del conflicto en Georgia (2008), en particular indica que “el ataque del régimen de Mijaíl Saakashvili (expresidente georgiano) contra la ciudad pacífica de Tsjinvali y el asesinato de pacificadores rusos generaron acusaciones lanzadas por la CPI contra los militares rusos y las milicias surosetas”.
Recordó, también, que la CPI descartó investigar aquellas acciones de los mandos georgianos que provocaron numerosas víctimas, lo que comprueba que “difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional”.
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EEUU en sedición contra el derecho internacional
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU, ya que la CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, y comenzó a funcionar en 2002. El Estatuto de la CPI no ha sido ratificado por EEUU, cuyo Congreso, en agosto de 2002, aprobó la American Servicemembers Protection Act (Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense), con el objetivo de debilitar a la CPI.
Esta ley prohíbe la extradición de cualquier gringo al tribunal, y no permite a los agentes de la CPI llevar a cabo investigaciones en territorio estadounidense. También impide ayuda militar de EEUU a los países que son parte de la CPI. Además, autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar “todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier personal estadounidense o aliado, detenido o encarcelado, en nombre de o a solicitud de la Corte Penal Internacional”, lo cual representa la figura de sedición contra el derecho internacional.
