Revelan los «negocios» de exfiscal contratado por Almagro para enjuiciar a Venezuela
Este viernes el diario español El Mundo publicó un trabajo especial donde señalan al Luis Moreno Ocampo, quien fuera Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), de poseer una empresa “offshore” durante su gestión en esta corte internacional.
Ocampo, quien en la actualidad por decisión inconsulta del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza unas audiencias ilegales para elaborar un expediente contra Venezuela por la supuesta violación de derechos humanos, es acusado por haber sido propietario de una empresa off shore durante su gestión como Fiscal del TPI, lo cual empaña su “imparcialidad” y “moralidad”, que tanto destacó el secretario general de la OEA al momento de su designación.
Al respecto, los ministros para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreza y para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, publicaron este trabajo del diario español que revela los turbios negocios de este ex Fiscal que de la mano de Almagro pretende desarrollar un juicio contra el Gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Al respecto, el Canciller escribió: Sólo un personaje como Almagro podía contratar a un personaje como éste para atacar a Venezuela. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
A continuación el trabajo especial del Mundo que bajo el título de “Los Secretos de la Corte” deja al descubierto la cuestionada moralidad de este “Fiscal”:
Luis Moreno Ocampo, ex fiscal del TPI, tuvo al menos una empresa ‘offshore’ durante su mandato
El 15 de agosto de 2012, dos meses después de dejar su trabajo como Fiscal recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amor, cuyo origen es una cuenta en Suiza donde el emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirán.
El abogado argentino fue el primer Fiscal Jefe de un tribunal establecido para perseguir los peores crímenes contra la humanidad. Cinco años después de dejar la Corte, trabaja como abogado penal en la firma neoyorquina Gentik & Getnick, da clases en Harvard y hace consultoría legal. La red europea de periodismo de investigación EIC, de la que forma parte EL MUNDO, ha analizado más de 40.000 documentos -balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, cruzados con fuentes de información pública- que ponen en duda la integridad de Ocampo mientras estuvo en el cargo y después.
Durante los nueve años que duró su mandato, Ocampo tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal. Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management. Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por EIC revelan quién estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin.
Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas
No era la única conexión ‘offshore’ de Ocampo. Bulygin aparecía también detrás de Lucia Enterprises, con sede Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado. Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado un refugio fiscal en Latinoamérica. Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Papeles de Panamá.
En diciembre de 2009, cuando trabajaba para la Corte, Ocampo comentaba con su asesor bancario las oportunidades ‘offshore’ antes de que las Islas Vírgenes Británicas aprobaran una nueva legislación que hacía más difícil mantener el anonimato de los beneficiarios reales de las sociedades. “He hablado con la gente de Fonseca para establecer una empresa en Panamá”, escribía el aún fiscal.
Preguntado por EIC, el abogado argentino ha negado que él o su familia evadieran impuestos y ha asegurado no haber tenido otros ingresos mientras estaba en el TPI, más allá de los alrededor de 150.000 euros netos de su salario anual. “Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina”, ha señalado. Ocampo no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises. Tres sociedades en tres paraísos fiscales vinculadas a una persona con un cargo al que se le exige “alto carácter moral” y no estar involucrado “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia”.
“Mi salario no era suficiente”
Luis Moreno Ocampo suelta una carcajada. “Interesante. Muy interesante”, responde cuando el periodista que le entrevista en nombre de la red de investigación EIC le detalla la información sobre las empresas con las que ha estado vinculado. “Demuéstralo”. Yemana Trading, en las Islas Vírgenes Británicas. Tain Bay, en Panamá. Lucia Enterprises, en Belice. Tres sociedades en tres paraísos fiscales distintos. Ocampo se toma una pausa. “Qué interesante”, repite. Toma aire. “¿Cómo está conectado esto con mi trabajo?”, pregunta. Y mientras el periodista explica por qué puede ser problemático tener negocios en paraísos fiscales mientras se ocupa un cargo que exige lo más altos estándares morales, al abogado argentino le asalta otra duda. “¿Cómo tiene esta información?”. La respuesta -“hago mi trabajo como tu usted hace el suyo”- no le convence. “No es de tu incumbencia. Y, ¿sabes? Mientras ocupaba el cargo mi salario no era suficiente”.
‘Justice First’: el segundo fracaso de Ocampo en Libia
Además de sus aventuras offshore, los documentos analizados por EIC muestran cómo el abogado argentino actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki. Ocampo utilizó su red personal en la organización en beneficio de su cliente y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal al que debe en gran parte su estatus.
El 14 de mayo de 2015, el ex fiscal presentó en la CNN una nueva iniciativa llamada Justice First, promovida por Tatanaki. El objetivo era conseguir la paz en una Libia en guerra tras la caída de Gadafi; pero pronto sería evidente que las aspiraciones del empresario libio eran más concretas.
Ocampo tenía experiencia con Libia. En febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió que investigara los crímenes de los primeros años del régimen de Gadafi. El caso prometía potenciar la figura de Ocampo y su labor como fiscal, pero la ejecución del dictador truncó la posibilidad de un juicio y terminó con las expectativas del abogado argentino.
La llamada de Tatanaki le daba una nueva oportunidad de dejar su impronta en el país, con un salario anual de un millón de euros. Mucho más que los alrededor de 150.000 euros netos anuales que cobraba en el Tribunal.
Como parte del plan estratégico de Justice First, el propio Tatanaki se reunió con líderes tribales para trabajar en el camino del entendimiento, pero su afán no era sólo conciliador. Mientras manifestaba estar por encima de los partidos con Justice First, Tatanaki se relacionaba con el general Khalifah Haftar, líder de uno de las partes en conflicto, el Ejército Nacional Libio.
Haftar había comenzado en 2014 la ‘Operación Dignidad’, en teoría una ofensiva contra el DAESH y otros grupos extremistas; en la práctica, un ataque a muchos otros partidos. Su actuación no tardó en causar problemas y la sucesora de Ocampo en el Tribunal, Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de su preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos por parte del general.
“Una estrategia para aislar a Hassan”
El 18 de mayo de 2015, unos días después de su entrevista con la CNN, se hacía del todo imposible para Ocampo ignorar que su cliente tenía conexiones inapropiadas. Su asistente legal, que había trabajado para él en la Corte, recibió un correo de una antigua colega, consultora de cooperación internacional en la oficina del Fiscal. Según el artículo que adjuntaba, el general Haftar había amenazado de muerte a quienes no se unieran a ‘Operación Dignidad’. Y lo había hecho a través de una de las cadenas de televisión de Tatanaki. “Si tiene a gente en su canal diciendo ese tipo de cosas, es una incitación a crímenes tipificados en el Estatuto de Roma -la nueva ‘ley’ del Tribunal- y es algo de lo que debéis ser conscientes”, puntualizaba la consultora.
Pese a todo, Ocampo no se distanció de su cliente. En cambio, decidió protegerlo frente a la posible acusación del ICC. “Necesitamos una estrategia para aislar a Hassan”, comunicó al asistente de Tatanaki.
Preguntado por EIC sobre si tenía conocimiento del interés de Bensouda en Tatanaki, Ocampo ha negado haber contactado a nadie de la CPI. Sin embargo, los documentos muestran como Ocampo informó al asistente del magnate petrolífero cuando ‘Operación Dignidad’ se convirtió en un objetivo del Tribunal. El siguiente plan estratégico incluía “proteger a HT de acciones legales”.
Ocampo se fue dando cuenta de que para Tatanaki la paz significaba su victoria y la de Haftar. Y aunque la situación le incomodaba, no se decidió a despedirse de su cliente. De hecho, habría sido Tatanaki -que no ha respondido a las preguntas de EIC-, quien terminó la relación laboral. “No sé qué pasó. Me llamó y me dijo ‘terminamos aquí’”, ha explicado el ex fiscal a EIC.
A través de sus abogados, Ocampo ha limitado la relación con Tatanaki a consejos “durante un corto periodo de tiempo sobre asuntos de legislación internacional relaciones con el conflicto libio”. El asesoramiento, continúa el comunicado, “no tenía conexión con el trabajo como Fiscal en la Corte Penal Internacional” y la labor de Ocampo fue “de acuerdo a sus obligaciones profesionales de promover el respeto a la ley”. Por su parte, la jefa de gabinete de Fatou Bensouda aseguró que su oficina “no buscó consejo, ni se comunicó ni colaboró de ninguna forma” con Ocampo sobre ninguno de los asuntos tratados ante el Tribunal desde que la nueva fiscal ocupó el cargo.
En los últimos años, los vídeos de las tropas de Hartar ejecutando a sospechosos de terrorismo se han sucedido en las redes sociales. El mes pasado, la Corte emitió una orden de arresto contra uno de los comandantes de Haftar. “Arreglar Libia legalmente era una gran idea -comentaba el abogado argentino durante la entrevista con EIC-. Simplemente no funcionó”. Una vez más, la realidad libia había sido demasiado dura para Ocampo.
