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República Dominicana registró 65 feminicidios en primer semestre del 2016

República Dominicana registró en el primer semestre de este año un total de 65 feminicidios, informó el periódico Hoy que publica un análisis de esa estadística.

 

El monitoreo que hizo posible este estudio fue realizado por la Unidad de la Sociedad Civil (USC) del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), indica la fuente.

Según constató, la cifra refleja que se mantiene en auge la cantidad de mujeres que mueren a manos de hombres cada año, hecho que se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos del país.

De los 65 feminicidios, 54 fueron íntimos. Es decir, el 83 por ciento de los casos fueron cometidos por hombres que asesinaron a sus esposas, concubinas, ex concubinas, ex esposas o ex novias.

En segundo lugar se encuentran los cinco cometidos por conocidos (ocho por ciento), luego están los cuatro perpetrados por familiares (seis por ciento) y los dos restantes realizados por desconocidos (tres por ciento).

El análisis indica que sólo en 13 de los casos hay información sobre el historial violento del victimario hacia la víctima, en 28 la víctima estaba separada del victimario y en el resto el victimario intentó retomar la relación.

Los meses en que ocurrieron más de estos crímenes fueron en enero y junio, seguidos de marzo y mayo y los lugares de más números de casos fueron Santiago (12) y Santo Domingo (10).

El 43 por ciento de los feminicidios fueron realizados en esta ocasión con armas de fuego lo que dejó atrás la tendencia de estudios anteriores que establecían que las armas blancas eran las más usadas en estos desenlaces.

Este suceso puso en evidencia la incidencia que tiene la falta de regulación de las armas de fuego en el país pues el 42,8 por ciento de las empleadas eran ilegales.

El análisis publicado indica que se evidencian las deficiencias de políticas y campañas establecidas en el país para tratar de disminuir o erradicar los feminicidios.

También confirma la ausencia de normativas jurídicas y políticas públicas específicas y eficaces, lo que permite que se mantenga el aumento de casos y la desprotección de las mujeres.

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